Decenas de miles de personas se echaron a la calle en El Cairo y otras ciudades egipcias para protestar contra la decisión del presidente de Egipto, Mohamed Mursi, de blindarse ante la Justicia, una medida que este defendió en un discurso ante sus fieles.
La controvertida declaración constitucional anunciada el jueves, por la que todas las decisiones presidenciales quedan fuera del escrutinio judicial, empujó a los grupos de la oposición no islamista y a asociaciones de la sociedad civil a convocar protestas que en algunos casos tuvieron derivas violentas. Jóvenes manifestantes incendiaron sedes del islamista Partido Libertad y Justicia, que presidió Mursi, en las ciudades de Alejandría, Suez o Ismailiya.
La mayor concentración, en la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, transcurrió de manera relativamente pacífica, aunque también se registraron algunos choques entre la policía y revolucionarios, que lanzaron piedras hacia las fuerzas de seguridad que custodiaban las cámaras del Parlamento. Según dijeron fuentes de la seguridad egipcia, más de 200 personas resultaron heridas durante la jornada en El Cairo y otras 70 en Alejandría.
El Ministerio del Interior señaló en un comunicado que ocho policías, entre ellos un general, también resultaron heridos en los choques. Una manifestante en Tahrir, que se identificó como Nermin y es miembro del partido Al Dostur, explicó a Efe que se unió a la protestas porque "ha nacido un nuevo dictador, y después de la Revolución del 25 de Enero (de 2011, en la que fue derrocado el presidente Hosni Mubarak) nadie tiene derecho a tomar todos los poderes". "No nos vamos a ir de aquí hasta que Mursi salga, nos pida perdón y retire el acta constitucional", subrayó Nermin.
No muy lejos de Tahrir, junto al Palacio Presidencial, Mursi aparecía en público por primera vez desde que dictó su decreto, rodeado por los más fieles y subido a un escenario montado por su antiguo partido. Allí, defendió que nunca ha sido su intención la de acumular poderes, pero que si ve al país en peligro "hará lo que sea necesario" con el objetivo, dijo, de conseguir la estabilidad política, económica y social. En su declaración presidencial, Mursi también decretó que la Asamblea Constituyente y la Cámara Alta no pueden ser disueltas por los tribunales.
Inmerso en una guerra abierta con el Poder Judicial, Mursi acusó a "quienes se esconden detrás de los jueces" de querer hacer descarrilar la transición a la democracia. "No me gusta ni quiero utilizar procedimientos excepcionales, pero si veo que mi país está en peligro lo haré, porque es mi deber", señaló, al tiempo que aseguró que tiende la mano a la "oposición real".
