Aborto
Colombia legaliza el aborto hasta los 6 meses de embarazo
En una decisión muy dividida la Corte Constitucional del país, por cinco votos a favor y cuatro en contra, retira el delito de aborto en ese plazo.
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La pena por abortar en Colombia podía suponer, hasta el día de hoy, penas de cuatro años y medio de cárcel. Una situación que lleva, de media, hasta a 400 mujeres a prisión todos los años. El fallo de la Corte se produce como respuesta a una demanda presentada en 2020 por el movimiento Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones feministas, en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto.
Esta decisión sitúa a Colombia en la vanguardia de los derechos reproductivos en América Latina y supone un avance histórico para el país. Es también una decisión polémica por el amplio plazo concedido para abortar de forma legal.
México y Argentina fueron los dos países pioneros dentro de América Latina en tomar esta decisión pero Colombia ha ido más lejos permitiendo la interrupción voluntaria de la gestación hasta la semana 24 .
Hasta ahora en Colombia existía el derecho al aborto en tres supuestos la violación, malformación del feto incompatible con la vida o el riesgo para la salud física o mental de la gestante, fuera de esos casos la interrupción del embarazo se convertía de forma automática en delito. Con la sentencia de la Corte Constitucional las mujeres podrán decidir sobre la interrupción del embarazo por cualquier motivo hasta el sexto mes de gestación sin ser castigadas por ello.
Entre los años 2006 y 2019, más 5.700 mujeres fueron enjuiciadas en Colombia por interrumpir el embarazo.
La decisión ha sido tomada con satisfacción entre las asociaciones feministas que han salido a la calle a celebrarlo tiñendo de verde las inmediaciones de la Corte. "Colombia queda a la vanguardia de los derechos reproductivos tanto a nivel regional como mundial", dijo la abogada Catalina Martínez del movimiento Causa Justa.
La Corte Constitucional informó del fallo en un comunicado en el que demandó al Congreso y al Gobierno a garantizar que su decisión se cumpla en el menor tiempo posible
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