El Consejo de Seguridad lamenta la pérdida de vidas y condena los actos

El Consejo de Seguridad de la ONU ha lamentado la pérdida de vidas humanas y los heridos durante la operación militar israelí contra una flotilla humanitaria frente a las costas de Gaza, y ha condenado los actos pero no al Gobierno de Israel.

Tras 12 horas de intensas negociaciones, la sesión del Consejo ha concluido con la petición de "una investigación rápida, imparcial, creíble y transparente" sobre lo sucedido el lunes, al tiempo que calificó la situación de Gaza "insostenible" y subrayó que la única solución posible al conflicto palestino-israelí es la negociada.

Israel comenzará en las próximas horas la expulsión de su territorio de los activistas internacionales que viajaban a bordo de la llamada "Flotilla de la Libertad" y que la pasada madrugada fueron trasladados a varios centros penitenciarios. "Más de 500 personas han pasado la revisión de seguridad y han sido trasladadas a distintas dependencias penitenciarias", dijo el portavoz de la Policía israelí, Miki Rosenfeld.

En la flotilla, asaltada ayer por el Ejército israelí en un sangriento abordaje que acabó en la muerte de nueve activistas y unos cuarenta heridos, según portavoces militares israelíes, viajaban unas 700 personas.

Según Rosenfeld, aún no hay una cifra final del número de activistas porque quedan algunos abordo y unos 40 están ingresados en hospitales. Los datos de los organizadores antes de zarpar apuntaban a más de 750 activistas de 60 nacionalidades, y entre ellos, tres españoles cuyo estado se desconoce pero están detenidos en la cárcel Elá, de Beer Sheva, en el sur de Israel. Juan González Barba, segundo de la Embajada de España en Tel Aviv declaró que se va a reunir con ellos esta mañana para conocer su situación.

Israel ha transferido a una parte de los activistas a un pequeño centro penitenciario cerca del aeropuerto de Tel Aviv para proceder a su inmediata expulsión. "Los que han firmado la hoja de expulsión saldrán en cuanto haya vuelos disponibles", explicó Rosenfeld.

Se trata de un documento por el que los activistas aceptan voluntariamente ser devueltos a sus países de origen sin aprovechar el derecho de apelación ante las instancias judiciales israelíes. Los activistas que se han negado a identificarse, y por tanto no han firmado el documento, han sido trasladados a una nueva cárcel en la ciudad de Beer Sheva con vistas a su procesamiento o cualquier otra solución que permita su expulsión legal de Israel.

Los que definitivamente sí acabarán ante los tribunales son seis de los siete israelíes de la Flotilla -la séptima es una diputada y disfruta de inmunidad-, que están bajo custodia policial y no, como el resto, del Ministerio del Interior. Rosenfeld indicó que en los seis barcos que formaban la "Flotilla de la Libertad", cuyo abordaje ha provocado la indignación de la comunidad internacional y una reunión urgente del Consejo de Seguridad, casi no han quedado activistas.