Apenas faltaban 17 días para que Chile fuese testigo del armisticio entre Estados Unidos y China y poco más de un mes para acoger la cumbre medioambiental COP25, pero el aumento en cuatro centavos de dólar del precio del metro acabó por frustrarlo todo, dañando seriamente la imagen del país.
Lo que comenzó siendo un acto de rebeldía estudiantil para colarse en el Metro de Santiago sin pagar el nuevo precio del billete (1,2 dólares) derivó en una masiva protesta social para eliminar los modelos neoliberalistas de pensiones, salud o educación y terminó por obligar al Gobierno chileno a renunciar a una de las mayores cumbres del librecomercio, la APEC, conformada por 21 economías que representan el 60 % del PIB mundial.
El presidente estadounidense, Donald Trump, tenía previsto reunirse y firmar el acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cumbre APEC de Chile, una tregua comercial entre las dos potencias tras meses de tensiones que ahora tendrá que producirse en otro escenario.
El estallido social que vive Chile, entre marchas ciudadanas pacíficas y eventos de alta violencia, que ya suman al menos 20 víctimas mortales, forzó también al Ejecutivo a arriar su otra gran bandera para este año, la de acoger la COP25, que llegaba en un momento de especial concienciación medioambiental a nivel mundial.
La imagen del país, "por los suelos"
Los incendios, saqueos y enfrentamientos entre los manifestantes violentos y las fuerzas de seguridad, las estampas del Ejército controlando las calles -algo que no se veía desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- y las denuncias que se suceden por presuntas violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado dejaron maltrecha la imagen del país, que tras la decisión anunciada este miércoles por el presidente chileno, Sebastián Piñera, quedó duramente golpeada.
"La imagen país queda muy disminuida. Ya ha sido disminuida por los eventos previos pero esta suspensión de las cumbres genera eventos más negativos en la percepción que existía de Chile en el extranjero", explicó Francisco Catañeda, economista y doctor en geografía económica de la Universidad de Santiago.
El propio canciller chileno, Teodoro Ribera, reconoció que la imagen del país se ve perjudicada, pero expresó que "los daños a la imagen país no son permanentes" y que el Gobierno pondrá todo su esfuerzo en recuperar su credibilidad internacional. "Es lo que va a tener que hacer Chile, trabajar en la imagen país para volver a tener la confianza que tenía en el resto del mundo, que hoy día está en el suelo", dijo Castañeda.
Algunos excancilleres de Chile como José Miguel Insulza (1994-1999) o Heraldo Muñoz (2014-2018) coincidieron en lamentar el daño a la política exterior que supone renunciar a estas cumbres, aunque reconocieron que la compleja situación del país hacía aconsejable tomar esa decisión.
En la misma línea se manifestó el expresidente de Chile Ricardo Lagos (2000-2006), quién señaló que "la decisión de suspender las reuniones de la APEC y COP25 había que tomarla" pese a que "es un daño para el prestigio de Chile y su liderazgo en ámbitos tan importantes como el cambio climático y la guerra comercial que afecta al mundo".
Costo económico
Además del alto precio a pagar en forma de desprestigio internacional, renunciar a ambas cumbres tienes costos económicos directos e indirectos. Para la organización de la APEC el Gobierno había presupuestado 40 millones de dólares y para la COP25 disponía de unos 82, de los que 35 salían de las arcas del Estado y el resto de privados. En total entre ambas cumbres poco más de 120 millones de dólares, de los que parte ya fueron utilizados.
A lo largo de 2019, la APEC desarrolló en Chile varias reuniones sectoriales y sobre las prioridades que se habían propuesto para esta edición (sociedad digital; integración 4.0; mujeres, pymes y crecimiento inclusivo; y crecimiento sustentable), insumos que el canciller valoró y que serán traspasados al país que organizará la cumbre en 2020, Malasia.
En el caso de la COP25, parte del dinero ya fue destinado a medidas de acción climática mientras que las aportaciones de privados que aún no se hayan usado se estudiarán caso a caso para ser devueltas, dijo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.