Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea intentan alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario de los próximos siete años y el fondo de recuperación de la crisis del coronavirus en una reunión marcada por las profundas divisiones que todavía existen entre las capitales, con países del norte como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria reclamando recortes a los que se oponen otros como España o Italia.
Los líderes se reúnen en Bruselas en la que será su primera cita presencial desde el brote de coronavirus y el encuentro se extenderá sin una idea clara sobre su finalización y con muchas incógnitas sobre su resultado. "Siendo sinceros, todavía no estamos cerca, el acuerdo no está garantizado. Al contrario, hay diferencias importantes", ha reconocido un alto funcionario europeo. Ese es también el mensaje que han sugerido a lo largo de esta semana la canciller alemana, Angela Merkel, o el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, quienes se han mostrado dubitativos o incluso pesimistas al hablar de las posibilidades de un acuerdo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, urgió a lograrlo a lo largo de este mes. Sánchez llega al Consejo Europeo después de haber realizado esta semana una gira por cuatro países europeos: Países Bajos y Suecia, dos de los gobiernos más reacios al fondo, y Francia y Alemania, cuyo apoyo ha sido fundamental para que la Comisión presentase una propuesta ambiciosa. La gira, explican fuentes del Ejecutivo, no estaba destinada a negociar, sino a argumentar y sensibilizar. Sin embargo, los numerosos contactos de los últimos días parecen no haber acercado las posiciones. Nadie cuestiona la idea básica: la Comisión Europea acudirá a los mercados para captar fondos con los que construir el plan de recuperación. Pero a partir de ahí surgen multitud de discrepancias que hacen peligrar el pacto este fin de semana.
Subvenciones a fondo perdido o préstamos
En primer lugar, los cuatro 'frugales' (Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria) comparten con Finlandia la opinión de que el fondo de reconstrucción debería ser inferior a los 750.000 millones que propuso Bruselas y mantuvo el presidente del Consejo europeo, Charles Michel. También cuestionan que la mayoría (500.000 millones) se vaya a dirigir a los países como transferencias directas. España y otros países del sur, en cambio, creen que esta cifra total es el mínimo aceptable y también defienden que aumentar la proporción de préstamos supondría un endeudamiento adicional peligroso para sus finanzas. Además, fuentes diplomáticas creen que hay un "amplísimo apoyo" a los 750.000 millones y, por tanto, no hay razones para recortarlo ni para eliminar la parte de préstamos, una de las opciones que se barajan en la capital comunitaria.
¿Con qué condiciones?
Igual de complicado será el debate de la condicionalidad para acceder a las ayudas europeas. La propuesta de Michel prevé un papel para los Estados miembros a nivel de ministros para aprobar los planes de reformas de cada país, que recibirían 'luz verde' a través de un voto por mayoría cualificada. Pero Rutte exige la unanimidad en estas votaciones, lo que le daría el poder de vetar los planes y exigir reformas laborales o de pensiones a los socios del sur. Con esto, La Haya reivindica en la práctica que el gobierno y el parlamento holandés "tengan capacidad de expresarse", según una fuente diplomática de este país. España asume que este será uno de los puntos principales de la negociación, pero contrapone que lo más importante es que el proceso de validación de las reformas sea "lo más eficaz y lo menos politizado posible" y entiende que ya existen mecanismos suficientes para cumplir ese papel dentro del Semestre Europeo que dirige la Comisión. No son los únicos puntos de desencuentro. Si el tamaño y las condiciones económicas dividen el bloque entre norte y sur, la vinculación de los fondos al respeto del Estado de Derecho y a las inversiones para financiar la transición climática genera muchas críticas desde socios del este como Hungría y Polonia.
Y además el presupuesto
Por si fuera poco, los líderes están llamados a pactar el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, cuya cuantía también quieren recortar los socios del norte. Y eso a pesar de que el presidente del Consejo europeo ya planteó una reducción del 2% con respecto a la propuesta de Bruselas, hasta los 1,074 billones de euros. De nuevo, Países Bajos está en el grupo de países más duros en esta cuestión y centra sus pretensiones en disminuciones en el presupuesto de los fondos agrícolas y los de cohesión. "Entendemos lo importante que son para otros Estados miembros, pero pensamos que pueden bajar un poco más", afirma un diplomático de este país. Del mismo modo, los países del norte buscarán aumentar sus 'cheques'. Es decir, las reducciones que se aplican a sus contribuciones nacionales y que el resto de Estados miembros deben completar. La idea original de la Comisión era eliminarlos progresivamente tras el Brexit, pero Dinamarca, Austria, Suecia y Países Bajos cuentan aquí con el apoyo de Alemania, por lo que seguramente queden garantizados para los próximos siete años.
