Detenido el exfiscal del caso de los 43 estudiantes en 2014 en México por "desaparición forzada y tortura"

Este viernes ha sido detenido el que fuera fiscal de México en 2014, Jesús Murillo Karam, con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ese año. La detención tuvo lugar un día después de que la Comisión de la Verdad concluyera aquel hecho como "un crimen de Estado".

La Fiscalía confirmó en un comunicado que la detención se llevó a cabo "por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso de Ayotzinapa" y que será puesto a disposición judicial. Asimismo, el gobierno anunció su traslado a una prisión de la capital mexicana.

Como titular desde 2012 a 2015 de la entonces llamada Procuraduría General de la República, Murillo fue máximo responsable de la investigación y principal defensor de la conocida como "verdad histórica". Dicha versión apuntaba a que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero municipal de Colula, en el estado de Guerrero.

Además, la Fiscalía también anunció que se han librado otras 83 órdenes de detención, en el estado de Guerrero, contra militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.

"Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente", dijo Murillo al presentar sus conclusiones al inicio de 2015. Poco antes, había pronunciado otra de las frases más polémicas que marcarían igualmente su gestión y por la que recibió multitud críticas y protestas: "Muchas gracias, ya me cansé". Esa fue la respuesta que dio a una de las preguntas realizadas en una conferencia de prensa sobre los avances de la investigación.

Tan solo tres meses después renunció a su cargo.

La detención de Murillo es la primera de un político de alto nivel por uno de los mayores casos de violaciones de derechos humanos en México del que, tras ocho años, aún no se sabe nada.

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