Las autoridades suecas han admitido que el uzbeko sospechoso de cometer el atentado del viernes en Estocolmo, un solicitante de asilo con orden de expulsión desde hace meses, habría sido difícil de deportar por la situación en su país.
Uzbekistán es considerado una dictadura que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, por lo que Suecia no expulsa a personas a ese país asiático, al igual que a otros. "Es difícil deportar a gente a ciertos países que, o no aceptan el regreso de ciudadanos o, si los deportamos por la fuerza, se arriesgan a sufrir castigos. Hablamos de regímenes dictatoriales", ha declarado el director de la Policía Nacional, Dan Eliasson, en una rueda de prensa sobre la investigación del atentado.
Eliasson reconoció que en Suecia hay "un gran número de personas" a las que se les ha denegado asilo y tienen orden de expulsión -más de 12.000, según han confirmado las autoridades- y señaló que ése es un problema que existe "en todos los países europeos".
El presunto autor del atentado, que arrolló a una multitud con un camión en el centro de la capital, había llegado a Suecia en 2014. Su solicitud fue rechazada en junio de 2016, en diciembre recibió un requerimiento para abandonar el país de forma voluntaria y, dos meses después, las autoridades migratorias trasladaron el caso a la Policía, que a finales de febrero de 2017 emitió una orden de búsqueda.
El máximo responsable de la Policía de Fronteras, Patrik Engström, ha reconocido a la emisora pública 'Radio de Suecia' que, de haber encontrado antes al uzbeko, las posibilidades de hacer efectiva la orden o de detenerlo habrían sido "muy, muy pequeñas". "Podríamos identificarlo, averiguar su residencia y posiblemente obligarlo a comparecer ante la Policía de forma regular. Pero la condición para mantenerlo detenido está vinculada directamente a la posibilidad de efectuar la orden", explicó Engström.
El ministro de Interior sueco, el socialdemócrata Anders Ygeman, anunció anoche en un debate en la televisión pública SVT que se dotará de más recursos a la Policía para, por ejemplo, hacer más controles en puestos de trabajo y encontrar mano de obra ilegal.
"Hacen falta más medidas. Es evidente que quienes no tienen motivos para recibir asilo (...) deben regresar a sus países", dijo Ygeman. Jimmie Åkesson, líder del ultraderechista Demócratas de Suecia -tercera fuerza parlamentaria-, calificó en el debate de "escandalosa" la existencia de miles de personas con orden de expulsión del país y reclamó que sean puestas bajo custodia.
Suecia fue en 2015 el país de la UE con más solicitantes de asilo per cápita -163.000- pero la implantación de controles fronterizos y el endurecimiento de las condiciones de asilo y prestaciones han reducido considerablemente la cifra en el último año y medio.
