El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes una norma que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como "green cards" ("tarjetas verdes"), o de algunos visados.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en sus siglas en inglés) dio a conocer este lunes una versión de la regla, que está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país. La normativa, que será divulgada oficialmente en el Registro Federal el miércoles, entrará en vigor sesenta días después de su publicación.
Estados Unidos podrá determinar si el foráneo se ha convertido en una "carga pública" para la Administración, es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.
De este modo, una persona con tarjeta de residente permanente o algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en EEUU, en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas del Gobierno. Grupos defensores de los inmigrantes alertan de que esta regla discriminaría a las personas de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir, según medios locales.
Estas organizaciones aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.
Los inmigrantes de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo coste a través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados "carga pública", lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
El Gobierno de Trump ya propuso en septiembre del año pasado una reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como asistencia alimentaria y vales de ayuda de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente. Se espera que la regulación anunciada hoy afronte demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.
En las últimas semanas, el Ejecutivo de Trump ha mostrado mano dura también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Misisipi.
