Caso Pegasus
El escándalo de Pegasus salpica a todos los rincones de la UE
El pleno de Estrasburgo debate de urgencia sobre si los gobiernos europeos estaban al tanto de los actos de espionaje masivos cometidos en nuestro continente. Europa asiste impotente a la cascada de revelaciones de nuevos casos de hackeos. La Unión ha creado una Comisión de investigación, pero el organismo que vigila la protección de datos en Europa está ya pidiendo que se regule el uso de Pegasus o incluso que se prohíba, ante los riesgos sin precedentes contra la privacidad.
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Los asistentes de los eurodiputados van cogiendo cita en el servicio de seguridad informática del Parlamento Europeo. Piden que los teléfonos de sus jefes sean analizados en profundidad para saber si también ellos fueron infectados con el virus de Pegasus. La eurocámara ha ofrecido esta asistencia técnica a los 705 diputados para verificar hasta qué punto el espionaje ha afectado a la vida interna de la institución y para valorar si ha estado en peligro la información confidencial que manejan los legisladores.
Este es un buen ejemplo de la preocupación que recorre los pasillos de Bruselas tras el escándalo de los hackeos masivos. La onda expansiva alcanza todos los rincones. Según la investigación de Forbidden Stories, más de 50.000 teléfonos en todo el mundo recibieron este software espía. En Europa se han visto afectados diputados, periodistas, ministros, comisarios y hasta jefes de gobierno. Sus teléfonos fueron infectados sin dejar rastro, dejando a los intrusos con el control de su cámara, su micrófono, sus llamadas, mensajes, fotografías o su posicionamiento GPS.
La Unión Europea busca respuestas para saber quién está detrás de las escuchas ilegales pero son conscientes de la enorme dificultad que va a suponer encontrar respuestas. Para lanzar una primera vía de trabajo, el pleno de Estrasburgo celebra un debate en el que se analizará el papel que han jugado los gobiernos europeos. Se examinará si algunos de ellos pudo ser conscientes de estos hechos o incluso si pudieron llegar a participar.
Un debate en el que, en un principio, se esperaba un gran protagonismo de los eurodiputados catalanes que han sido espiados (en total, 63 personas del entorno independentista). El soberanismo catalán se ha propuesto dar la batalla sobre este tema en Europa y el hemiciclo es, de largo, el mejor escenario para hacer ruido político y cargar públicamente contra los servicios secretos españoles, a los que han puesto en el foco de sus críticas. Pero las últimas 48 horas han cambiado el panorama y han entrado en escena las no menores novedades del caso, los ataques informáticos a los teléfonos móviles del presidente del gobierno español y de su ministra de Defensa.
Lo que parece claro es que el intercambio de posturas de los grupos de la cámara conseguirá colocar el tema del espionaje en el centro del debate comunitario y aumentará la presión política para que se investigue en profundidad.
Comisión de investigación en la Eurocámara
La segunda vía de trabajo abierta en la UE es la creación de una Comisión de investigación en la Eurocámara. Está compuesta por 38 eurodiputados y tendrá 12 meses para examinar las presuntas infracciones de la legislación comunitaria en el uso del programa de vigilancia. Pretenden llamar a comparecer en los próximos meses a víctimas de hackeos, a expertos informáticos, a dirigentes de los gobiernos que compraron la licencia de Pegasus y hasta a representantes de la empresa fabricante, los israelíes del NSO.
El presidente de la Comisión es el diputado holandés del Partido Popular Europeo, Jeroen Lenaers, y una de sus vicepresidentas es la diputada de Esquerra, Diana Riba, precisamente una de las líderes independentistas que han sido espiadas.
Tras un año de investigación, se emitirán recomendaciones entre las que podría estar la petición a la Comisión Europea para que legisle y regule el uso de Pegasus dentro de territorio comunitario.
De momento, la voz más clara en este sentido ha sido la del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que alerta del peligro que supone Pegasus para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Asegura que supone un "nivel de intrusismo sin precedentes y es capaz de atentar contra lo más íntimo de nuestra vida cotidiana".
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Este organismo llega a recomendar prohibir su uso. Su informe concluye diciendo que "una prohibición en la UE del desarrollo y el despliegue de programas espía con la capacidad que ofrece Pegasus sería la opción más eficaz para proteger nuestros derechos y libertades fundamentales".
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