Estados Unidos confisca el avión presidencial de Nicolás Maduro en República Dominicana

Estados Unidos ha confiscado el avión presidencial de Nicolás Maduro en la República Dominicana, según informó en exclusiva CNN. La aeronave fue trasladada a Florida este lunes, en un gesto que, según han informado algunos funcionarios estadounidenses, busca enviar un mensaje claro sobre el alcance que pueden tener las sanciones impuestas a Venezuela. "Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es algo sin precedentes en el ámbito penal. Estamos dejando claro que nadie está por encima de la ley, ni fuera del alcance de las sanciones estadounidenses", declaró uno de los funcionarios a CNN.

Aún no se ha producido una confirmación oficial sobre la incautación que se produjo después de que las autoridades estadounidenses determinaron que la adquisición del avión violaba las sanciones vigentes contra Venezuela, además de otras posibles infracciones penales. La aeronave, valorada en unos 13 millones de dólares, se encontraba en territorio dominicano en los últimos meses.

Mensaje a los más altos mandos del Gobierno venezolano

Los funcionarios implicados no han especificado las razones exactas, pero destacaron que se presentó una "oportunidad" para proceder con la confiscación en una operación que involucró a varias agencias federales estadounidenses y se coordinó estrechamente con la República Dominicana. Las autoridades dominicanas notificaron a Venezuela sobre la incautación del avión, que es considerado el equivalente venezolano al Air Force One y que ha sido utilizado por Maduro en numerosas visitas de Estado.

Requisar este avión no es un acto aislado. Durante años, el Gobierno de Estados Unidos ha confiscado múltiples bienes de lujo que se dirigían a Venezuela, pero nunca había incautado un vehículo con tanto valor simbólico y político.

Estados Unidos intensifica críticas a Venezuela tras elecciones

Desde las elecciones venezolanas del 28 de julio, Estados Unidos ha incrementado sus críticas hacia el Gobierno de Maduro. Recientemente, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, calificó la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a cumplir con los estándares internacionales de transparencia como una "violación inaceptable" de la ley venezolana. Miller también condenó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que está controlado por Maduro, por ratificar lo que calificó como un anuncio infundado del CNE sobre la victoria de Maduro en los comicios.

Como respuesta, el Gobierno de Venezuela ha defendido la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro y ha desestimado las críticas estadounidenses, y afirma que no debe explicaciones a Estados Unidos sobre sus procesos electorales. El canciller venezolano, Yván Gil, acusó al Departamento de Estado de "inmiscuirse en asuntos internos" y subrayó que las críticas forman parte de una postura despreciable que no tiene cabida en la soberanía venezolana.

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