Estados Unidos
Estados Unidos reabre sus fronteras a los pasajeros vacunados frente a la COVID-19 a partir del 8 de noviembre
Estados Unidos exige a los pasajeros extranjeros la vacunación completa frente a la COVID-19 para entrar en el país.
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Estados Unidos ha anunciado este viernes que reabrirá sus fronteras terrestres y aéreas a los pasajeros que cuenten con la pauta completa anticovid a a partir del próximo 8 de noviembre.
Autorización para los inmunizados
"La nueva política de viaje que exige vacunación para los viajeros extranjeros a EE.UU. comenzará el 8 de noviembre. Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes internacionales aéreos como los terrestres", ha explicado Kevin Muñoz, portavoz de la Casa Blanca.
Fue a principios de enero del pasado 2020 cuando el ahora expresidente Donald Trump impuso dichas restricciones con el objetivo de evitar la propagación del virus. La llegada del actual mandatario, Joe Biden, no cambió la situación ya que esta medida se ha mantenido desde entonces.
Sin embargo, ahora, de acuerdo a la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), podrán ingresar en el país quienes hayan recibido el pinchazo con las siguientes vacunas: Moderna, Pfizer, Janssen, Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac.
Quedan excluidos de la lista, al menos de momento, los inoculados con el fármaco ruso Sputnik V. La razón de la agencia sanitaria americana reside en que esta vacuna se encuentra entre las que todavía no han sido aprobadas ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni por la Unión Europea, ni por el propio país.
Vacunación obligatoria
Estados Unidos se convirtió uno de los países de referencia al comienzo de la campaña de vacunación. Pero la reticencia de gran parte de la población, mayoritariamente las franjas etarias más jóvenes, a recibir la inyección anticovid, unido a la propagación de la variante Delta, provocó una ralentización en el porcentaje de vacunados.
Por ello, a finales de agosto la Administración Biden anunció que la vacunación sería obligatoria para los empleados públicos y los trabajadores de las grandes compañías. Una medida, que además incluía sancionesen caso de no cumplirse.
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