El FBI arresta a una jueza en Wisconsin acusada de obstruir el arresto de un migrante

El FBI ha llevado a cabo un arresto contra una jueza del tribunal de primera instancia en Wisconsin durante este viernes acusada de un delito de obstrucción a la justicia por impedir que las autoridades arrestaran a un migrante mexicano en la corte, según informó el director de la agencia, Kash Patel. A través de su perfil de X, Patel emitió un comunicado señalando que el FBI detuvo a la jueza Hanna Dugan bajo indicios de que "desvió intencionalmente a los agentes federales" que buscaban a Eduardo Flores Ruiz, el migrante mexicano.

Posteriormente, el director borró la publicación de sus redes sociales, pero la detención de la jueza Dugan fue confirmada por medios locales, que amplían que la mujer se encuentra bajo custodia federal, aunque se desconocen los cargos específicos que se le imputan. Esta detención supone una escalada más en el enfrentamiento entre el ejecutivo de Donald Trump y el judicial por sus políticas migratorias.

Varios jueces federales a lo largo de diferentes distritos del país han fallado en contra de las medidas que está tomando el Gobierno republicano para acelerar y aumentar las deportaciones y expulsiones de migrantes. Una de las medidas más controvertidas para llevar a cabo este objetivo ha sido aplicar una ley del siglo XVIII, conocida como la ley de Enemigos Extranjeros para detener a migrantes, en su mayoría venezolanos, y enviarlos al CECOT, la megacárcel de El Salvador.

Estas decisiones judiciales no han sido bien recibidas por parte de la Casa Blanca, que ha acusado a los jueces de estar actuando de manera "subordinada". A principios de mes, el Tribunal Supremo permitió al Gobierno estadounidense continuar con las deportaciones, siempre y cuando se les notificara previamente y les otorgaran un "tiempo razonable" para apelar sus casos.

Sin embargo, la administración de Trumpha continuado fletando vuelos a El Salvador, forzando al Supremo a intervenir de emergencia y ordenar que se pausaran las expulsiones de inmigrantes de manera temporal. En total, EE.UU. ha mandado al CECOT a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han catalogado de "desaparición forzada".

El Gobierno de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas. Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales. El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

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