La Asamblea Nacional adoptó por 64 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones, el proyecto de ley al término de dos años y medio de debates parlamentarios con continuos choques entre las dos cámaras y con disensiones en el interior mismo de los grupos parlamentarios, sobre todo de la derecha.
La mayor novedad del nuevo dispositivo son las multas de 1.500 euros para los clientes de prostitutas, que subirán a 3.750 en caso de reincidencia. Una pena alternativa o complementaria será la realización de cursillos de "sensibilización contra la compra de actos sexuales", de los que se encargarán asociaciones certificadas.
La cuestión que queda pendiente ahora es la voluntad de aplicar esa regla, con lo que eso significa de dedicar policías a perseguir a los que buscan sexo a cambio de dinero, en particular en un momento en que las fuerzas del orden está absorbidas por la prioridad de la lucha contra el terrorismo.
En cualquier caso, Francia se convertirá en el quinto país de Europa que penaliza a los que pagan por tener relaciones sexuales, después de Suecia, Noruega, Islandia y el Reino Unido. Con la nueva ley se suprime el delito por acoso o incitación de los clientes en la calle, al que se exponían las prostitutas.
Además, se pone en marcha un fondo para el acompañamiento social y profesional de las prostitutas, que tendrá en principio una partida de 4,8 millones de euros anuales, y se dedicará, principalmente, a la reconversión de aquellos trabajadores del sexo que quieran abandonar.
En paralelo, se otorgarán permisos de residencia provisionales (de seis meses) para las prostitutas extranjeras víctimas de proxenetas y que acepten dejar esa actividad. El primer ministro, el socialista Manuel Valls, consideró que el texto legislativo adoptado por el Parlamento constituye "un gran avance para el respeto de la persona humana", señaló en un mensaje en su cuenta de Twitter.
En una línea similar, la ministra de los Derechos de las Mujeres, Laurence Rossignol, insistió en que este paso muestra que "Francia afirma con fuerza que la compra de actos sexuales es una explotación y una violencia contra las mujeres". El Sindicato del Trabajo Sexual (Strass) organizó esta tarde una manifestación en los alrededores de la Asamblea Nacional en el momento en que estaba programado el voto.
En esa protesta participaron varias decenas de profesionales del sexo que se quejaron de que el nuevo texto va a hacer más precaria todavía su actividad por el incremento de la presión policial.
