La Asamblea Nacional francesa ha aprobado por consenso una proposición de resolución que reafirma la postura abolicionista de Francia en materia de prostitución y que busca luchar contra esa práctica y garantizar los derechos de las prostitutas.
El texto, no vinculante, se espera que se transforme en una proposición de ley que, de ser adoptada, penalizaría a los clientes con hasta dos meses de prisión y 3.750 euros de multa, pero ésta todavía no se ha inscrito en el orden del día de la Asamblea y podría no estarlo para finales de la legislatura en 2012.
"La ley debe marcar claramente la responsabilidad de cada uno en la perpetuación del sistema. Ya lo hace para los responsables de la trata de seres humanos y de proxenetismo y debe hacerlo también indicando a los clientes que tienen una parte de responsabilidad", indica la propuesta.
Según Danielle Bousquet, diputada del Partido Socialista (PS) que ha presentado el proyecto, no se busca penalizar a los clientes como objetivo principal, sino "educar para que comprendan la gravedad de sus acciones y que el cuerpo humano no es una mercancía".
En el texto se destaca que la prostitución no disminuye el número de violaciones y se detalla que en su mayoría los clientes "no son hombres que viven en la miseria afectiva y sexual", pues dos tercios de los mismos "viven o han vivido en pareja y más de la mitad son padres de familia".
Se añade, conforme a la investigación llevada a cabo para la redacción de la propuesta, que la prostitución "responde a menudo a un acontecimiento traumático", como un rechazo ligado a la orientación sexual o una precariedad económica extrema, cuando no resulta de una obligación directa.
