La gestión migratoria sigue poniendo a prueba las costuras de la UE

La Unión Europea consiguió cerrar en la legislatura pasada el esperado Pacto de Migración y Asilo, después de 8 años de duras negociaciones y disputas entre países. Una norma que endurece las condiciones de entrada y agiliza los retornos. Fue uno de los grandes éxitos legislativos alcanzados, aunque siguen sobrevolando las quejas de algunas asociaciones de derechos humanos, que protestan ante la creación de lo que han llamado "Europa fortaleza". Critican que algunos puntos del texto no respetan los derechos de los migrantes.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen, defendió el nuevo Pacto con los argumentos acordados: "aquellos que no tengan derecho de asilo, no estarán autorizados a entrar en la Unión Europea, pero los que huyan de una guerra o sean perseguidos recibirán la protección que necesitan", señaló.

Pero la complejidad del tema hace que la implementación práctica no esté siendo nada fácil. Algunos países siguen poniendo trabas y muchas veces la gestión también depende de los acuerdos con terceros estados de fuera de la Unión. La propia presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ya reconoció que "este pacto no va a resolver de manera mágica todos los problemas de la noche a la mañana, pero sí da un paso de gigante hacia delante. Ningún estado estará solo ante una emergencia".

Solidaridad obligatoria

El Pacto contempla un examen más rápido de las solicitudes de asilo, retornos más efectivos y normas mucho claras sobre cómo actuar en situaciones de crisis. Se quieren evitar momentos de descontrol como los vividos hasta ahora, cuando se apelaba a un "sálvese quien pueda" ante olas migratorias inesperadas.

El acuerdo busca un difícil equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Según las autoridades europeas, "la norma será justa con los que deben recibir protección internacional, será firme con los que no, y será dura contra los traficantes de personas".

Una de las cuestiones más difíciles de cuadrar ha sido la responsabilidad que tendrá cada estado ante un momento de tensión migratoria. El texto fija por ley la “solidaridad obligatoria”, es decir, se exigirá a todos los estados miembros implicarse mediante dos vías. O acogiendo un número concreto de migrantes en su territorio o contribuyendo con ayudas financieras fijas (20.000 euros por cada migrante rechazado).

El PP pide ayuda a Bruselas

La delegación del Partido Popular en Bruselas ha escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que active medidas urgentes, que ayuden a gestionar la situación que se vive ahora mismo en las islas Canarias. Insta a Bruselas a "activar inmediatamente todas las políticas, instrumentos y herramientas a su disposición".

La carta está firmada por la jefa de la delegación, Dolors Monserrat, y en ella sugieren estudiar una reubicación a nivel europeo, en particular de los menores no acompañados y otras personas vulnerables. También otras medidas como el despliegue en Canarias de Frontex y la Agencia Europea de Asilo para ayudar con la gestión de las solicitudes de asilo.

Incluso la delegación popular española pide estudiar si se dan las condiciones "para activar el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la UE, que establece medidas extraordinarias en situaciones de emergencia migratoria".

Según Frontex, las entradas irregulares a través de las islas Canarias en los primeros cinco meses del año han aumentado un 303% respecto al mismo periodo de 2023. En total casi 18.000 inmigrantes han llegado a las costas canarias.

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