Giorgia Meloni cumple 100 días al frente del Gobierno sin haber cumplido sus promesas electorales

Hace 100 días que Giorgia Meloni se convirtió en la primera mujer en gobernar en Italia. Un cambio de timón que desde Bruselas se miraba con preocupación.

Desde el Palacio Chigi, Meloni, por un lado, apuesta formalmente por términos conservadores como Nación, pero, por otro, aplica un europeísmo muy práctico para mantener el papel de Italia dentro de la Unión. De esta manera, la presidenta recibe el aprobado por parte de los medios, después del desequilibrio político que tan criticado fue por los medios de comunicación, pues antes de Meloni, Italia había tenido seis primeros ministros en solo 10 años.

Ahora, lo crucial para el país es apartar definitivamente su volatilidad política para proteger así su credibilidad a nivel internacional. Una credibilidad que, por parte de quienes votaron a la actual presidenta, puede empezar a romperse, ya que tras estos 100 primeros días como primera ministra, no ha cumplido sus promesas electorales.

Tras su triunfo, Meloni parece haber aparcado a un lado sus promesas y, por el momento, no ha habido cambios en materia económica ni se ha distanciado del resto de socios europeos.

Los cambios de Meloni en el Gobierno

Junto al cambio de Giorgia Meloni en la historia de Italia, con ella también venían algunos cambios y decisiones para el gobierno que le tocaba liderar. Entre estos, el más carismáticos fue la manera en el que Meloni quería ser llamada 'primer ministro'. Una decisión que no pasó desapercibida por la oposición ni por los propios medios de comunicación italianos.

Respecto al Gobierno, algunos de los ministerios también recibieron algunos cambios. Desde que la nueva presidenta de Italia juró su cargo, el Ministerio de Desarrollo Económico pasó a llamarse Ministerio de Empresas 'Made in Italy', el de Agricultura añadió a su nombre Soberanía Alimentaria, quedando así: Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria; y el de Educación es Ministerio de Educación y Mérito.

Entre sus decisiones también se encuentra el cambio en la cifra para poder pagar en efectivo, pasando de los 2.000 a los 10.000 euros. Una decisión que estuvo acompañada por la polémica.

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