El Gobierno británico quiere limitar el acceso de los inmigrantes a sanidad y vivienda

El Reino Unido restringirá el acceso de los nuevos inmigrantes a la sanidad pública, el paro o las viviendas subvencionadas, como parte de un plan del primer ministro británico, David Cameron, para controlar el ingreso de extranjeros. 

En un discurso pronunciado en la Universidad de Suffolk, en la localidad Ipswich (sureste de Inglaterra), Cameron detalló las medidas que busca aplicar su Gobierno para reducir "radicalmente" el número de extranjeros que llegan cada año al país.

"Es necesario reducir la inmigración de cientos de miles de personas al año a solo decenas de miles"

Como parte de este plan, el Reino Unido endurecerá a partir de 2014 su política de inmigración, antes de que se levanten las restricciones de búlgaros y rumanos al mercado laboral británico.

"Es necesario reducir la inmigración de cientos de miles de personas al año a solo decenas de miles", afirmó el líder "tory", para quien la inmigración es uno de los caballos de batalla de su Gobierno. 

Según el proyecto del Ejecutivo, los inmigrantes desempleados procedentes de países de la Unión Europea (UE) dejarán de beneficiarse, a partir de 2014, del actual sistema británico de subsidios sociales a los seis meses, en caso de que no puedan demostrar que están buscando trabajo de forma activa.

"Aunque siempre he creído en los beneficios de la inmigración, también he creído siempre que la inmigración debe estar controlada de forma apropiada", señaló Cameron, quien ambiciona lograr que tan solo vengan a este país aquellos extranjeros que puedan "contribuir a la economía británica".

Objetivo: zanjar la cultura del "todo por el nada"
Este endurecimiento del plan del Ejecutivo en materia de inmigración pretende zanjar la cultura del "todo por el nada", en palabras de Cameron, de la que, según él, habrían disfrutado los extranjeros. 

En su intervención, el dirigente conservador anunció que se perseguirá la inmigración ilegal, para lo que se doblarán las multas máximas, hasta las 20.000 libras, a aquellas empresas que den trabajo a irregulares y se sancionará a los caseros que alquilen propiedades a personas sin los papeles en regla. 

Los inmigrantes irregulares no podrán, según esto, obtener el permiso de conducir y el Gobierno estudia la posibilidad de que las personas sin la documentación requerida no puedan tener acceso a tarjetas de crédito, préstamos y cuentas bancarias.