La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) registra a diario las llamadas de millones de clientes de la operadora de telefonía Verizon en virtud de una orden judicial secreta.
"La comunidad de inteligencia está llevando a cabo sus actividades de acuerdo con estatutos públicos con el conocimiento y la supervisión del Congreso", dijo Earnest a los periodistas que viajaron a Carolina del Norte con el presidente de EE.UU., Barack Obama. El portavoz afirmó que hay un "régimen legal sólido" que revisa los poderes que la ley antiterrorista de 2001, conocida como "Patriot Act", concedió al Gobierno "para asegurarse de que cumplen con la Constitución".
"Este estricto régimen refleja el deseo del presidente de llegar al equilibrio correcto entre proteger nuestra seguridad nacional y proteger los derechos constitucionales y las libertades civiles", añadió. Earnest afirmó que Obama "da la bienvenida al debate sobre el término medio entre la seguridad y las libertades civiles", pero subrayó que su "máxima prioridad" es el primero de esos valores.
"Debemos asegurarnos de que tenemos las herramientas que necesitamos para enfrentar el reto que presentan los terroristas", señaló. La reacción de Earnest se suma a la proporcionada a varios medios hoy por un alto funcionario estadounidense que pidió el anonimato que aseguró que "información como la que describe el artículo de The Guardian ha sido una herramienta básica para proteger a la nación de amenazas terroristas".
Ese funcionario destacó que los registros no recopilan "el contenido de ninguna comunicación ni el nombre de ningún suscriptor" sino que recogen cosas "como el número telefónico o la duración de una llamada". La senadora demócrata Dianne Feinstein, que preside el Comité de Inteligencia, dijo hoy que la orden judicial para recopilar los registros de Verizon era una simple renovación para otros tres meses de una práctica que lleva ejecutándose desde hace tiempo, y aseguró que es "legal".
Earnest evitó hoy decir desde cuándo se aplica esa táctica, que se basa en una orden judicial confidencial emitida por el tribunal creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa) de 1978. La base legal de la práctica está en la sección 215 de la ley "Patriot Act", que permite al Gobierno acceder a registros de negocios siempre que certifique que lo hace dentro de una investigación "para proteger contra el terrorismo internacional o actividades clandestinas de inteligencia".
