El grupo indígena Misak derriba la estatua del fundador español de Bogotá

Grupos indígenas de la comunidad Misak han derribado la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador español de la ciudad colombiana de Bogotá. Este derribo se produce en medio de las protestas contra el gobierno de Iván Duque y en medio de un fuerte clima de tensión en el país.

Este grupo indígena ya había derribado algunas estatuas de otros conquistadores, pero esta es la primera vez que ocurre en Bogotá, la capital del país. El grupo ha reivindicado la acción a través de redes sociales. "Hoy el genocidio continúa, durante el gobierno Duque han asesinado más de líderes 190 indígenas. Paren la masacre, viva el paro nacional", ha líder indígena, Martha Peralta Epieyú, a través de su cuenta de Twitter.

Además, los Misak han señalado en un comunicado que Jiménez de Quesada fue "históricamente el más grande MASACRADOR, TORTURADOR, LADRON Y VIOLADOR de nuestras mujeres y nuestros hijos" y además consideran que de él "descienden las familias de élites" que han dado lugar a problemas como la polémica reforma tributaria que intentó llevar a cabo el gobierno de Duque. La estatua del conquistador español fue levantada en 1960 en el centro de la ciudad y presidía la plazoleta de la Universidad del Rosario.

Continúan las protestas en Colombia

En el país continúa una ola de protestas que ya se extiende durante 10 días. El movimiento iniciado contra la reforma fiscal y que afectaba sobre todo a las clases más desfavorecidas, se ha convertido en una protesta multitudinaria contra el mandatario Iván Duque.

El Gobierno ha querido defenderse de las acusaciones. "Con todas nuestras embajadas y consulados en el exterior, estamos ratificando al mundo que Colombia es un Estado de Derecho, con instituciones democráticas sólidas, separación de poderes y órganos de control independientes", ha dicho la canciller Claudia Blum, que también ha asegurado que el país "toma las medidas para garantizar la protesta pacífica".

Sin embargo, las fuerzas de seguridad están siendo acusadas de múltiples abusos que incluyen el asesinato de civiles, agresiones físicas contra manifestantes y la prensa, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.

Además, organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional y la Organización de los Estados Americanos han cuestionado el "desproporcionado uso de la fuerza" por parte de agentes de la Policía para reprimir las marchas en las que han muerto, al menos, 24 personas, según datos de la Defensoría del Pueblo. Organizaciones como 'Human Rights Watch' han denunciado que han recibido 35 denuncias de muertes relacionadas con las protestas.

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