La muerte se agolpa a las puertas del penal. Pesadas bolsas negras contienen los restos de la tragedia. Cuerpos calcinados, irreconocibles. Identificarlos es lo más urgente. Pero la tarea es muy difícil para los ochenta forenses hondureños que trabajan sin descanso. Varios países se han ofrecido a colaborar y han enviado ya a Honduras personal sanitario.
Las autoridades del país están desbordadas. Aseguran que no disponen de cámaras frigoríficas suficientes para albergar a los muertos mientras dure la identificación.
Los familiares de los presos, agolpados a las puertas del penal, se preparan para el duelo. La mayoría no sabe aún si sus seres queridos están vivos o muertos.
El gobierno de Honduras culpa de la tragedia a la cúpula penitenciaria, que ha sido destituida de forma fulminante para que no interfiera en la investigación. El presidente Porfirio Lobo ha prometido reformas en el sistema penitenciario, pero pocos en Honduras le creen. Las últimas tragedias no se han investigado, y tampoco se aplicaron medidas para evitar nuevos sucesos similares.
La llamada prisión "modelo" de Comayagua es, en efecto, el modelo de prisión del país. Trece mil presos malviven en un sistema con capacidad para ocho mil. Las armas y las drogas circulan gracias a la ley del más fuerte. Las cárceles son bombas dispuestas a estallar en cualquier momento.
España se ofrece para identificar muertos
De inmediato, el gobierno español a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha respondido a la petición de ayuda internacional de Honduras y ha ofrecido medios humanos y técnicos para la identificación de los cadáveres.
España desde ya, ha puesto a disposición de las autoridades de este país medicamentos e insumos de primera necesidad por valor de 50.000 euros. Además, ha ofrecido el envío de un equipo de expertos de la Policía científica del Ministerio del Interior, tanto para la identificación de cadáveres como para apoyar el esclarecimiento de los hechos.
