La inaceptable oferta de varios senadores de EEUU: recompensa de 1.000 dólares a quienes denuncien a inmigrantes ilegales

Las medidas antiinmigrante del presidente Donald Trump continúan con nuevas propuestas legislativas en estados republicanos que buscan recompensar a ciudadanos por denunciar a inmigrantes indocumentados. El senador republicano David Gregory presentó a finales del año pasado el proyecto de ley SB72, que propone una recompensa de 1.000 dólares a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de un inmigrante indocumentado. La propuesta va más allá, contemplando la creación de un "Programa de cazarrecompensas certificado para extranjeros ilegales", que permitiría a las personas a buscar y detener a migrantes sin documentos.

Sin embargo, la oposición no lo apoya. La senadora demócrata Barbara Washington ha advertido sobre el peligro de fomentar denuncias basadas en perfiles raciales. A pesar de las críticas, Gregory defiende su propuesta argumentando que funcionaría como "un ICE estatal", refiriéndose a la agencia federal de control migratorio.

En Misisipi, el representante republicano Justin Keen presentó una iniciativa similar, pero fue frenada en el comité legislativo. Este justificó su propuesta alegando la necesidad de "mantener seguras a las comunidades de Misisipi" y alinearse con la agenda de Trump.

Casi 9 de cada 10 votantes apoya la deportación de inmigrantes

Entre 2019 y 2023, la población de migrantes no autorizados en EE.UU. aumentó en tres millones, alcanzando los 13,7 millones en 2023, según el Instituto de Política Migratoria (MPI). Una encuesta elaborada por New York Times e Ipsos reveló que el 55% de los votantes apoya firmemente o parcialmente los planes de deportaciones masivas del presidente. Además, un 63% está de acuerdo con expulsar a quienes ingresaron ilegalmente en los últimos cuatro años, y 88% respalda la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

El impacto de estas políticas ya se ha hecho sentir en estados como Misisipi, donde en agosto de 2019 se llevaron a cabo algunas de las mayores redadas en lugares de trabajo durante el primer mandato de Trump. Agentes de ICE arrestaron a casi 700 personas en plantas procesadoras de pollo, en una operación que el Centro Nacional de Justicia para Migrantes calificó como "emblemática de la política de inmigración punitiva, inhumana, de represalia y de motivación racial de la Administración Trump".

Medidas antinmigración

Con la nueva administración de Trump ha intensificado la presión sobre los inmigrantes. En sus primeras 24 horas en el cargo, el presidente lanzó una serie de órdenes ejecutivas para ampliar las operaciones de deportación. Entre las medidas se incluye la creación de "grupos especiales de seguridad nacional" para gestionar las deportaciones en los 50 estados, la expansión de los centros de detención, y el reclutamiento de fuerzas del orden estatales y locales para colaborar en las deportaciones.

Además, han amenazado con recortar los fondos federales a los estados y municipios que no cooperen plenamente con ICE, incluyendo aquellos que temen que dicha cooperación pueda obstaculizar la labor policial en lugares con una población con un gran número de personas indocumentadas.

La nueva política migratoria también contempla la aceleración de las deportaciones mediante la aplicación de la "expulsión acelerada" en el interior del país, un procedimiento que solo se utiliza en la frontera entre EE.UU. y México. Algunos funcionarios de la administración han indicado que se centrarán en la deportación de inmigrantes con antecedentes penales, pero no descartan extenderlo a la población indocumentada más amplia.

Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del MPI, advierte sobre las posibles "repercusiones imprevistas" de estas políticas, especialmente en lo que respecta a la seguridad pública, la elaboración de perfiles raciales y la discriminación.

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