Las autoridades indonesia procedieron anoche al traslado de cuatro presos sentenciados a muerte por narcotráfico a las dependencias anexas al lugar donde se ejecutará su última condena, informan medios locales. Dos australianos, un filipino y un nigeriano forman parte de la segunda ronda de ejecuciones que el nuevo gobierno indonesio reanudó en enero, indica el diario 'Jakarta Post'. Los presos ya se encuentran en la isla prisión Nusakambangan, en el sur de la isla de Java, donde se efectuarán sus fusilamientos en una fecha aún no fijada.
El fiscal general de Indonesia debe informar a los sentenciados con 72 horas de adelanto sobre la futura ejecución de sus condenas. Por su parte, el gobierno australiano ha insistido en que seguirá luchando para salvar la vida de los dos ciudadanos de ese país condenados a muerte y de otros ocho más de diferentes nacionalidades. "No perderé las esperanzas, seguiré haciendo las representaciones (diplomáticas correspondientes). Haré todo lo que pueda para buscar un cambio en sus corazones, en sus mentes", dijo a la cadena local ABC la ministra australiana de Exteriores, Julie Bishop.
Un grupo de 42 organizaciones pro derechos humanos reclamó también este miércoles al presidente de Indonesia, Joko Widodo, que suspenda las ejecuciones, reinstale una moratoria y suprima la pena capital en el país, en una carta dirigida al jefe del Ejecutivo. El colectivo señala que "no hay evidencia empírica concluyente de que la imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas tenga un efecto disuasorio sobre el tráfico y consumo de estupefacientes". Se desconoce cuándo se trasladarán a los seis presos restantes, entre ellos un brasileño, también hallados culpable por tráfico de drogas.
El pasado 18 de enero, seis presos extranjeros (una indonesia, un brasileño, un holandés, dos nigerianos y una vietnamita) fueron abatidos por sendos pelotones de fusilamiento formados por 12 personas en dos penitenciarías del centro de la isla de Java. El Gobierno indonesio ha pedido que se respeten sus leyes y defendido el uso de la pena capital como medida disuasoria en la lucha contra el tráfico de drogas. Widodo, otrora visto como un reformista pro derechos humanos, se ha mostrado inflexible y ha insistido en que no habrá clemencia para los culpables de tráfico de drogas.
