Es el caso de una estadounidense casada con un irlandés y afincada en Dublín, ha tenido que abortar en Inglaterra porque el feto padecía una anencefalia, una malformación cerebral congénita que suele provocar la muerte antes del parto o poco después del nacimiento. Según la legislación vigente, esta persona solo podía abortar en Irlanda si su vida hubiese corrido peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio, pero excluye casos de incesto, violación o malformaciones del feto.
La ley de 2013 no contempla esas excepciones porque la llamada "octava enmienda", recogida desde 1983 en el artículo 40.3.3 de la Constitución, garantiza de igual manera el derecho a la vida del "no nacido" y de la madre.
El Gobierno irlandés, dirigido desde 2011 por el partido democristiano Fine Gael, ha propuesto eliminar esa provisión y, con el "sí" del electorado, redactará una nueva legislación que podría permitir el aborto en todas las circunstancias durante las primeras doce semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las veinticuatro.
Si para miles de mujeres -nueve cada día- poner fin a su embarazo en el extranjero "es traumático y caro", para otras -tres a diario- "resulta peligroso automedicarse" con las píldoras abortivas que adquieren por internet, dice una médico de cabecera, que cita cifras del Gobierno.
Hasta 1992, era ilegal incluso salir del país para abortar y las autoridades llegaron a detener ese año en el aeropuerto a una menor que había sido violada y a la que llevaban al Reino Unido para poner fin a su embarazo.
Aquel caso conmocionó a la opinión pública y, tras otro referéndum, el Gobierno modificó la Constitución para reconocer el derecho de las mujeres a viajar al extranjero con el objetivo de poner fin a la gestación y obtener información al respecto.
