Como es habitual en todas las consultas y procesos electorales que se celebran en Italia, los electores dispondrán de toda la jornada del domingo y de la mitad del lunes para ejercer su derecho al voto. Para que el referéndum sea válido será necesario que voten más de 25.209.345 italianos de los 50.418.689 que pueden ejercer su derecho a voto, incluidos los 3.299.905 residentes en el extranjero, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre el cuerpo electoral.
Precisamente, la obtención del quórum necesario es una de las grandes incertidumbres que rodea la cita, puesto que por ese motivo ninguno de los plebiscitos planteados en los últimos 16 años en el país transalpino ha logrado salir adelante. Por ello, en los últimos días Italia ha asistido a numerosos actos e iniciativas organizados por activistas contra la producción de energía nuclear, así como por partidos ecologistas y de izquierdas en una importante campaña, concluida el viernes, para movilizar a los ciudadanos. Sin embargo, desde las filas de la mayoría gubernamental se ha defendido, el derecho de no ir a votar demostrando su oposición a los referendos, en especial al que propone impedir una vuelta a la producción de energía nuclear e Italia.
Y es que el Ejecutivo de Berlusconi decidió a principios de 2010 volver a la energía nuclear, tras 24 años sin producirla, en una resolución que posteriormente fue refrendada por el Parlamento. La iniciativa se aparcó, sin embargo, tras la catástrofe de Fukushima (Japón) del pasado marzo, a la espera de una "aclaración" sobre esta energía en el seno de la UE, en un intento, según la oposición, de detener el plebiscito y evitar un nuevo rechazo del pueblo italiano a la energía nuclear, como sucediera en 1987 tras el accidente de Chernóbil (Ucrania, URSS).
El Tribunal Supremo consideró que la medida promovida por el Gobierno no excluía que en un futuro se pudiera volver a producir este tipo de energía, por lo que dictaminó la celebración del referéndum, una decisión apoyada después por el Constitucional, ante el que el Gobierno había presentado un recurso para evitar su celebración.
En los referendos también se decidirá sobre la privatización de los servicios de suministro del agua, sobre la determinación de las tarifas del servicio hídrico y sobre el "legítimo impedimento", la norma que permite a Berlusconi y a sus ministros ausentarse de las vistas de los juicios en su contra alegando motivos de agenda institucionales. La ley del legítimo impedimento ya fue invalidada de forma parcial el pasado 13 de enero por el Constitucional, que puso fin al automatismo con el que los jueces debían aceptar el legítimo impedimento y dejó a su discreción el evaluar en cada caso si la ausencia del mandatario era justificada o no. Con la votación de los próximos dos días se pretende eliminar la posibilidad de que el primer ministro pueda hacer valer sus compromisos institucionales para no asistir al juzgado.
Las cuatro consultas adquieren una especial relevancia para Berlusconi y son percibidas como un nuevo test al apoyo del que goza su Gobierno, después de que su partido perdiera la alcaldía de Milán uno de sus feudos tradicionales, en las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo, tras 20 años de gobierno conservador en la capital lombarda.
Sin embargo, desde la izquierda se ha querido despolitizar en los últimos días la cita, temiendo que un planteamiento de "a favor o en contra de Berlusconi" pueda desincentivar al votante conservador para que acuda a las urnas, impidiendo que se alcance el quórum necesario.
