Japón conmemora este lunes el octavo aniversario del terremoto y el tsunami que devastaron el nordeste del país, una catástrofe natural que causó más de 18.000 muertos y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima.
El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9 grados de magnitud en la escala abierta de Ritcher y un posterior tsunami arrasaron la región nipona de Tohoku y causaron graves daños en la central de Fukushima Daiichi, estragos que aún mantienen a cerca de 52.000 personas desplazadas, según los últimos datos oficiales.
Este lunes tendrán lugar en todo el país ceremonias de homenaje a las víctimas, que incluirán un minuto de silencio a las 14.46 hora local (05.46 GMT), el momento exacto en el que sucedió el seísmo, y en algunos puntos de la costa se activará también la alarma de tsunamis a esa misma hora. El principal acto de conmemoración de la peor catástrofe en Japón desde la II Guerra Mundial se llevará a cabo un año más en el Teatro Nacional de Tokio y estará presidido por el primer ministro Shinzo Abe.
Cuando se cumplen ocho años desde la tragedia, los trabajos de reconstrucción se han completado a un 94,5% en las zonas de la costa japonesa que resultaron arrasadas por las olas gigantescas, que alcanzaron hasta 20 metros de altura.
Los efectos de la catástrofe son más visibles a día de hoy en torno a la accidentada central en la prefectura de Fukushima, donde muchas áreas continúan con acceso restringido debido a la presencia de residuos radiactivos emanados de las fusiones parciales de núcleo ocurridas en tres de los cuatro reactores de la planta.
Esto impide que los habitantes de las zonas más próximas a la central puedan regresar a sus hogares hasta que se completen las tareas de descontaminación radiactiva, labores que, en el caso de las áreas designadas como "de difícil retorno", podría prolongarse décadas.
Junto a la descontaminación de esas localidades, el desmantelamiento de la planta de Fukushima Daiichi es el principal reto que afronta el Gobierno para dejar definitivamente atrás la catástrofe de 2011.
El Ejecutivo y la operadora de la planta, TEPCO, tienen previsto diseñar a partir de esta primavera un plan para extraer el combustible fundido del interior de los reactores accidentados, una tarea que entraña una enorme complejidad técnica debido a los niveles de radiación extremos que se dan en esas instalaciones.
