Joe Biden Texas
Joe Biden movilizará todos los recursos posibles para "garantizar" que las mujeres en Texas tengan abortos seguros
Biden consideró que la decisión judicial es "un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres".
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La ley de Texas, que prohíbe abortar a las seis semanas de gestación entró ayer en vigor por lo que el presidente de los EEUU explicó que ha pedido al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca "un esfuerzo gubernamental integral" para responder a la resolución del Supremo.
Biden consideró que la decisión judicial es "un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres" garantizados en el fallo de 1973 en el caso de Roe contra Wade.
El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU pero la nueva norma de Texas, gobernado por los republicanos, prohíbe abortar a las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas, y no contempla excepciones en casos de incesto o violación.
Además, los ciudadanos pueden presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar.
Biden destacó que con esa ley "se da poder a particulares en Texas para denunciar a proveedores de servicios sanitarios, familiares que apoyan a la mujer que ejerce su derecho a elegir después de seis semanas o incluso al amigo que la lleva al hospital o la clínica".
Acusación al Supremo
El presidente añadió que es una de "las decisiones más privadas y personales que una mujer afronta sobre su salud".
Biden arremetió contra el Supremo por haber tomado la decisión sin haber llevado a cabo una sola audiencia y sin "el beneficio de la opinión de una corte de menor instancia", quien además añadió que es "un insulto al imperio de la ley y a los derechos de todos los estadounidenses que buscan una reparación en nuestras cortes".
El gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, firmó la ley en mayo pasado, después de que recibiera el visto bueno de la Cámara Baja y el Senado estatal, ambas controladas por los conservadores
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