La Justicia australiana pregunta a los ciudadanos por carta si deben legalizarse los matrimonios homosexuales

El Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, dio luz verde a que se realice una encuesta postal sobre la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Con esta decisión, el panel de siete magistrados desestimó de manera unánime la reclamación de activistas del grupo LGTB -Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales- que se oponen a esta iniciativa porque la consideran poco representativa y reclaman que la medida se trate en el Parlamento de la nación.

"Alentamos a todos los australianos a votar en esta encuesta, a dar su opinión", declaró el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, ante el Parlamento de Camberra al conocer la decisión. El Gobierno de Turnbull (liberal), quien prometió un referéndum sobre las bodas gais en las elecciones de 2016, recurrió a la encuesta postal después de que el Senado rechazara por segunda vez la propuesta para organizar un referéndum.

Los australianos deberán responder a la pregunta: "¿Debería cambiarse la ley para permitir a las parejas del mismo sexo se casen?", que comenzará a ser enviada el martes. Los alrededor de 16 millones de participantes dispondrán hasta el 7 de noviembre para responder a la cuestión y se informará del resultado, que no será vinculante, el 15 de noviembre.

De ganar el "sí", el Gobierno permitirá que sus legisladores presenten una propuesta de ley para legalizar los matrimonios gáis en Australia, que deberá ser votada por el Legislativo. Durante dos días, el Tribunal Superior debatió si el Ejecutivo tenía potestad para destinar una partida "urgente" e "imprevista" de 122 millones de AUS (97 millones de USD o 81,5 millones de EUR) para el sondeo y sin el consentimiento del Parlamento.

También trató sobre si la Oficina Australiana de Estadística (ABS, siglas en inglés), cuyo cometido es recolectar y divulgar datos y no opiniones, está calificada par organizar un sondeo que, en otro escenario, debería corresponder a la Comisión Electoral Australiana.

"Estoy muy decepcionada de que la demanda ante el Tribunal Superior no tuviera éxito, especialmente de cara a las personas que han sido dañadas por la campaña mentirosa del 'no'", dijo la senadora del Partido Verde, Janet Rice, que formó parte de uno de los dos grupos de demandantes. "Es una vergüenza que el Gobierno haya elegido someter un asunto de derechos humanos a una encuesta", agregó Rice, en declaraciones divulgadas por la ABC.

Los activistas a favor de la legalización de los matrimonios homosexuales consideran que la encuesta postal es innecesaria y poco representativa y que debe ser el Parlamento australiano el que deba pronunciarse sobre la reforma legal. También han denunciado que las campañas del "no" pueden desatar mensajes de odio contra las familias LGTB e incluso provocar el suicidio entre los jóvenes más vulnerables.

Pero la razón de la consulta esgrimida por Turnbull, quien ha dicho que él y su mujer votarán a favor de la reforma, es el cumplimiento de una promesa electoral de 2016, aunque sus detractores creen que se debe a presiones de los sectores más conservadores del oficialismo. "El cambio en la ley de matrimonio tiene consecuencias para todos los australianos, así que es justo que todos los australianos sean escuchados", dijo el arzobispo de Sídney, Anthony Fischer.