La Justicia belga rechaza entregar a España al exconseller Lluís Puig por malversación en el caso del 1-O

El juez de primera instancia de Bruselas ha rechazado entregar a España al exconsejero catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por presunta malversación de fondos públicos en el caso del 1-O.

En un comunicado, la Cámara del Consejo ha manifestado: "La Fiscalía de Bruselas puede confirmar que la Cámara del Consejo ha rechazado la ejecución de la orden de arresto europea considerando que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo".

Se trata de la primera decisión que adopta Bélgica sobre los políticos catalanes huidos de España en 2017 y podrá ser recurrida, algo que la Fiscalía "está estudiando".

Por su parte, el coordinador de las defensas de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter al respecto y apunta: "Siempre sostuvimos que el Tribunal Supremo no era competente para estos hechos y personas. Ahora, la Justicia belga nos da la razón con las consecuencias que ello tiene para el resto de procedimientos pendientes. Sin duda es un buen día para Puig y para todos".

La defensa de Lluís Puig

El argumento de la defensa de Lluís Puig siempre ha sido que la Justicia española lo reclama para ejecutar una orden de prisión que sus excompañeros de gobierno ya están cumpliendo, pese a que un grupo de trabajo de Naciones Unidas "la ha declarado arbitraria y contraria a los derechos humanos".

Sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras

Este asunto quedó desvinculado del caso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la de su exconseller, Toní Comín, en el momento en el que a ambos se les reconoció la condición de eurodiputados. Ésto sucedió a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, emitida el pasado mes de diciembre. El TJUE dictó que Junqueras goza de inmunidad como europarlamentario electo, pese a no haber sido autorizado a cumplir ciertos requisitos previos por el derecho interno español por el Tribunal Supremo, que le juzgaba por la organización del referéndum del 1-O.