Por mayoría de votos, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía local, que cuestionaba la decisión del juez federal Daniel Rafecas, encargado del caso, de archivar la denuncia, informaron hoy fuentes jurídicas.
Nisman, que investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, hizo su denuncia contra Fernández (2007-2015) y otros altos cargos de su Gobierno en enero de 2015 -cuatro días antes de ser hallado muerto en circunstancias aún por esclarecer- y les acusaba de negociar con Irán el encubrimiento de los supuestos responsables del ataque con el fin de mejorar la relación comercial con ese país.
"Los hechos denunciados no permiten descartar de plano la posible comisión de ilícitos"
En su resolución, divulgada por el Centro de Información Judicial (CIJ), la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa -presidenta-, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, aceptó a la DAIA como por parte querellante y apartó a los jueces federales que habían intervenido en el caso "por haberse expedido sobre el fondo del asunto y en garantía de imparcialidad".
"Los hechos denunciados no permiten descartar de plano la posible comisión de ilícitos, debiendo ponderarse elementos de prueba previamente para su desestimación", añade la síntesis del texto.
Nisman sostenía en su denuncia que un memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno había asegurado serviría para avanzar en el esclarecimiento del ataque buscaba en realidad encubrir a los sospechosos, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, a cambio de impulsar el intercambio comercial.
