La Justicia chilena condena a la Iglesia a indemnizar a las víctimas de abusos

La Justicia chilena ha obligado al arzobispado de la capital, Santiago de Chile, a reparar económicamente a tres víctimas que sufrieron abusos por parte de Fernando Karadima, un influyente párroco que durante décadas abusó sexualmente de niños y adolescentes.

Los tres denunciantes, el sociólogo José Andrés Murillo, el periodista Juan Carlos Cruz y el médico James Hamilton, aseguraron que este fallo "no tiene precedentes y es histórico" y abre "una luz de esperanza" para que la Iglesia católica responda por cada encubrimiento de abuso que haya podido cometer: "Estamos conformes porque desde ahora la Iglesia tendrá que responder por los encubrimientos. Estos no pueden seguir siendo impunes", enfatizó Hamilton.

En ese sentido, sostuvo que este fallo sienta precedentes para que cualquier víctima pueda alegar contra el abusador y también contra la Iglesia como garante: "Este fallo es algo histórico para el mundo porque se reconoce no solo que son garantes (la Iglesia) sino que también se reconoce una estructura de encubrimiento y eso, en otras partes del mundo, recién se está considerando", añadió.

La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó un fallo de primera instancia de marzo de 2017 que había rechazado la demanda y determinó que tanto Hamilton, como Cruz y Murillo reciban 100 millones de pesos (unos 130.000 euros) cada uno. Los tres presentaron el 3 de septiembre de 2013 una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Karadima, dos años después de que fuera condenado por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia y de que el proceso no avanzara en la Justicia penal, que aunque confirmó como verídicas las denuncias cerró el proceso sin condena por la prescripción de los hechos.

El arzobispado de Santiago expresó minutos antes de la rueda de prensa, a través de un comunicado, que dicho fallo judicial "marca un paso importante" en el proceso de "restablecer la justicia y la confianza" en la Iglesia de Santiago. La institución aseguró que no recurrirá en contra de la sentencia dictada, y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme.

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