Una coalición de ochos estados y el Distrito de Columbia (EE.UU.) demandaron al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por haber llegado a un acuerdo judicial que permitirá la impresión de armas en 3D a partir del próximo 1 de agosto.
Esta demanda pretende "bloquear la acción de la Administración Trump que da acceso a delincuentes y terroristas a armas impresas en 3D, imposibles de rastrear e indetectables", de acuerdo con un comunicado del fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, que lidera la querella.
En 2015, Defense Distributed, una organización dedicada a la distribución mundial de armas impresas en 3D descargables, demandó al Gobierno de EEUU después de que el Departamento de Estado le obligara a eliminar sus manuales de instrucciones de internet.
La Administración del entonces presidente Barack Obama argumentó que los manuales violaban las leyes de exportación de armas de fuego ante dos jueces federales, y el Tribunal Supremo se negó a oír el caso.
Sin embargo, en una decisión abrupta, el Gobierno de Trump llegó a un acuerdo en junio con Defense Distributed para permitir a este grupo de Texas que volviera a distribuir las instrucciones de impresión a través de internet.
Además, el acuerdo estableció que estos tutoriales estuvieran aprobados "para publicación de cualquier forma" y que el Gobierno estadounidense pagara 40.000 dólares de los honorarios legales de Cody Wilson, el fundador de Defense Distributed.
"Estas pistolas descargables no están registradas y son muy difíciles de detectar, incluso con detectores de metales, y estarán disponibles para cualquier persona independientemente de su edad, estado mental o antecedentes penales", criticó Ferguson. Además de los fiscales del estado de Washington y del Distrito de Columbia, los de Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Oregón, Maryland y Nueva York también firmaron la demanda.
