García-Margallo ha dicho que los controles que hace España en la Verja de Gibraltar "son legales y va a haber más", y también ha señalado que Madrid está pensando en "crear una tasa de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir" de Gibraltar, recaudación que consideró vendría muy bien para ayudar a los pescadores españoles.
Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores dijo que el Gobierno está "preocupado por los comentarios de este domingo sobre Gibraltar, algo que estamos evaluando". "Como hemos dicho, no vamos a comprometer nuestra soberanía sobre Gibraltar, ni nuestro compromiso con su pueblo. Continuamos utilizando todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica", añadió el portavoz.
Debido a la inquietud en Londres por los controles y las colas que se forman para entrar y salir del Peñón, el Gobierno británico pidió el viernes a la Embajada de España en Londres explicaciones. Pocos días antes, las autoridades gibraltareñas enviaron a la Comisión Europea un informe en el que se quejaban de la actuación de España, que, por su parte, denuncia el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas que rodean el Peñón.
Asimismo, el fin de semana pasado, el ministro británico de Exteriores, William Hague, habló por teléfono con García-Margallo para tratar estos retrasos en la frontera. Al hablar del origen de la actual situación, García-Margallo se refirió a la legislación medioambiental gibraltareña de la época del anterior ministro principal de Gibraltar Peter Caruana, "cuya única finalidad era impedir que los pescadores españoles pudiesen faenar en esas aguas a la manera tradicional". "El Reino Unido logró que la UE autorizara declarar las aguas de Gibraltar, unas 5.000 hectáreas, de interés comunitario, aprobando especiales medidas de conservación", recordó García-Margallo.
En los últimos días, García-Margallo ha insistido en recordar que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y que, al no ser un territorio aduanero comunitario, los controles en la verja del Peñón "son irrenunciables" para España. Londres considera las aguas del Peñón como británicas, pero que España las reconoce como españolas. Gibraltar afirma que tiene jurisdicción sobre tres millas náuticas alrededor del Peñón, algo que no reconoce España, pues en virtud del Tratado de Utrecht de 1713 solo admite la soberanía gibraltareña sobre las aguas del puerto.
