El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no apoyará "ninguna" ley de amnistía que le proponga el nuevo Parlamento de mayoría opositora para liberar a políticos presos al señalar que los que están encarcelados hicieron un plan para derrocarlo y en ese marco asesinaron "a un pueblo".
"Lo digo como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos y así lo digo y así me planto, me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y lo tienen que pagar, así lo digo", señaló el presidente durante su programa de radio y televisión "En contacto con Maduro".
Con esta declaración, el jefe de Estado salió al paso de lo que ha anunciado la oposición venezolana, que ha indicado que entre las primeras acciones del nuevo Parlamento que se instalará el próximo 5 de enero, de contundente mayoría opositora, está pedir una ley de amnistía para los que consideran "presos políticos".
El gobernante recordó que en febrero de 2014 se inició una ola de protestas antigubernamentales que en muchos casos se realizó con barricadas llamadas "guarimbas" en las que se impedía el paso de vehículos y personas. "Duró casi seis meses, una operación nacional e internacional apoyada por el Gobierno de los Estados Unidos, y por toda la mediática mundial (...) resultado, 43 muertos, 900 heridos, la mayoría de ellos, buena parte de ellos, asesinados por francotiradores", dijo.
El presidente señaló que los cometidos en el marco de la "guarimba" califican como "graves delitos de lesa humanidad" y son "imprescriptibles de acuerdo a la Constitución", por lo que no apoyará leyes de amnistía para los encarcelados por estas protestas.
De acuerdo con la oposición venezolana aún permanecen privadas de libertad más de 50 personas por los hechos ocurridos en 2014, incluido el dirigente opositor Leopoldo López, apresado desde febrero de ese año y sentenciado en septiembre pasado a casi 14 años de cárcel. López fue condenado por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos que se produjeron al término de una marcha a la que convocó el 12 de febrero de 2014, en una jornada que se saldó con tres muertos.
La Fiscalía informó luego que por las dos primeras muertes que se registraron fueron imputados al menos cinco funcionarios de los Servicios de Inteligencia Venezolanos. Ese día se inició en Venezuela, en el marco de una estrategia que López llamó "La Salida", una oleada de protestas antigubernamentales con barricadas callejeras que estuvieron activas a lo largo del primer semestre del año pasado.
El balance oficial de los cuatro meses de protestas fue de 43 muertos, entre activistas afines y detractores al Gobierno de Maduro, agentes de organismos de seguridad y transeúntes, la mayoría tiroteados. Por estas muertes también se encuentran presos efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado.
