Tal como sucede cada día 26 desde hace cinco meses, miles de personas se manifestaron para exigir justicia y verdad por la desaparición de 43 estudiantes en México, un caso por el que continúan produciéndose detenciones pese a que el Gobierno mexicano ya presentó sus conclusiones.
Con las calles de varias ciudades repletas, la Comisión Nacional de Seguridad informó en un comunicado de la detención de un expolicía de Iguala que habría participado en el asesinato del estudiante Julio César Mondragón, encontrado muerto el 27 de septiembre con la cara desollada.
El detenido, identificado como Luis Francisco Martínez, habría participado también en el ataque al autobús en el que viajaba el equipo de fútbol infantil de Los Avispones, suceso en el que murió un niño, el conductor y la pasajera de un taxi que pasaba cerca.
Seis personas fallecieron en los ataques policiales perpetrados la noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), las tres mencionadas y tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El cadáver de Mondragón, compañero de los 43 estudiantes que desaparecieron esa noche, fue encontrado al día siguiente y el esclarecimiento de su muerte era una de las principales exigencias de los padres, que no acaban de creer la versión oficial.
Según las autoridades, los jóvenes fueron secuestrados y entregados por policías locales a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula. Por este caso hay detenidas casi un centenar de personas, la mayoría ex servidores públicos como el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, quienes trabajaban supuestamente a las órdenes del narcotráfico.
Pese a que en su última declaración sobre este caso el fiscal general, Jesús Murillo, dijo que tenía suficientes "pruebas científicas" para asegurar que los jóvenes están muertos, varias organizaciones han expresado sus dudas, así como el equipo de peritos argentinos que colaboran en la investigación a petición de los padres.
Expertos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitarán México el próximo mes de marzo para investigar posibles irregularidades en las pesquisas. Los padres volvieron hoy a participar en una marcha en la capital mexicana que concluyó ante la residencia presidencial de Los Pinos.
Allí se celebró un mitin en que los familiares de los estudiantes exigieron una vez más su aparición con vida y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. "Seguiremos con la frente en alto, con dignidad y luchando inclaudicablemente. No daremos ni un paso atrás, pese a la represión que sufrimos y al Ejército, que nos asedia en Guerrero", declaró el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, cuyo discurso fue sofocado por los gritos de los manifestantes de "¡Fuera Peña!".
