El expresidente egipcio, Hosni Mubarak, y sus dos hijos Alaa y Gamal fueron sentenciados a tres años de prisión en la repetición del juicio por apropiación ilegal de fondos públicos reservados para los gastos del Palacio Presidencial.
El juez Hasan Hasanein también les condenó al pago de una multa conjunta de 125 millones de libras egipcias (unos diecisiete millones de dólares), la misma cantidad de la que se les acusa de haberse apropiado indebidamente.
Acusados de apropiación indebida en los presupuestos de los palacios presidenciales entre 2002 y 2011
Mubarak, de 87 años, lleva ya en prisión dos años y siete meses, la mayor parte del tiempo preso bajo vigilancia en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Maadi, debido a su deteriorado estado de salud. El expresidente fue trasladado a la Academia de Policía de El Cairo en un helicóptero medicado, como ha sido habitual en todas las sesiones judiciales que se celebraron en su contra los últimos cuatro años, informó una fuente de seguridad.
Escuchó la sentencia sentado, mientras saludaba a sus simpatizantes presentes en la sala, que pedían su absolución. Mientras tanto, Alaa y Gamal llegaron en vehículo privado a las dependencias policiales, vestidos de civiles y no con el uniforme de presos ya que estaban en libertad, y escucharon el veredicto detrás de las rejas.
Ambos fueron liberados el pasado 23 de enero por orden del Tribunal Penal de El Cairo, después de estar presos desde principios de 2011, cuando estalló la revuelta popular que forzó la renuncia de su padre.
El fiscal acusó a Mubarak, en calidad de servidor público como presidente del país, y a sus dos hijos de apropiación indebida en los presupuestos generales de los palacios presidenciales, entre los años 2002 y 2011.
a repetición del juicio se produce después de que, el pasado enero, el Tribunal de Casación anulara la sentencia anterior de la Corte Penal, que condenaba a Mubarak a tres años de prisión y a sus hijos a cuatro años cada uno, al considerar que en la vista no se respetaron los procedimientos legales oportunos.
Su abogado, Farid al Dib, pidió la repetición del juicio bajo el argumento de que el caso "fue inventado" bajo el gobierno de los Hermanos Musulmanes (2012-2013) y consideró nulas las investigaciones oficiales.
