El Ministerio Público de Venezuela (MP, Fiscalía) informó de la muerte de un joven estudiante en el estado Zulia (oeste), tras recibir un disparo durante una protesta.
En un comunicado, el MP señaló que "comisionó al fiscal 4 del estado Zulia, Israel Vargas, en aras de que dirija la investigación sobre la muerte del estudiante Adrián José Duque Bravo (23), ocurrida la noche de este miércoles 24 de mayo, durante una protesta en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo", capital del Zulia.
Duque era estudiante de la Universidad José Gregorio Hernández. Según la Fiscalía, la noche de este miércoles un grupo de manifestantes se encontraba "en las cercanías del conjunto residencial Las Torres del Saladillo de Maracaibo, cuando se personaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) a restablecer el orden público". En el texto, el MP indicó que después se "inició una situación irregular, en la que resultó herido Duque".
El joven fue trasladado al Hospital Chiquinquirá de esa localidad, "donde falleció poco después de haber sido ingresado". Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar con el objetivo de "colectar evidencias" y así esclarecer el hecho "para determinar las responsabilidades penales respectivas". Con la muerte de Duque asciende a 57 la cifra de víctimas mortales que han dejado los hechos violentos derivados de las manifestaciones que desde hace casi dos meses sacuden al país.
El Supremo venezolano ordena a alcaldes opositores evitar bloqueos en protestas
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a ocho alcaldes opositores al Gobierno de Nicolás Maduro que garanticen la circulación en las vías y despejen los obstáculos en medio de las protestas que se registran en el país. Les advirtió, además, de que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.
La máxima instancia del Supremo admitió ocho demandas de protección "de elementos de intereses colectivos" interpuestas por habitantes de los municipios de Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal, del estado central de Miranda, y de los municipios de Libertador, Alberto Adriani y Campo Elías, en el estado occidental de Mérida. La decisión afecta a los alcaldes de Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias, Carrizal, Libertador, El Vigía y Campo Elías.
La medida del Supremo se produce en medio de las protestas que sacuden al país desde hace 54 días, muchas de las cuales han degenerado en hechos de violencia que han causado al menos 55 muertos y un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía. Las demandas fueron presentadas ante la presunta infracción de derechos como el libre tránsito, la seguridad personal, la salud, el trabajo, la educación, el deporte, la libertad económica y "por presuntamente permitir que personas de esas localidades coloquen obstáculos en la vía publica, quemen objetos, entre otros".
En concreto, el Supremo les ordenó a los alcaldes "realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos" para "evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos". Además, que se remuevan los obstáculos y mantengan las vías y las zonas adyacentes "libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad humana", y que se ordene el tránsito de vehículos. De igual forma que se impidan "reuniones en la vías públicas que coarten el libre tránsito" y que eviten en esas zonas el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y sicotrópicas.
