Francia
Nicolas Sarkozy, condenado a tres años de prisión por un delito de corrupción
El expresidente francés sólo tendrá que cumplir un año y podrá hacerlo desde su domicilio con un brazalete electrónico sin necesidad de entrar a prisión.
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El expresidente francés sigue siendo noticia por su relación con los delitos de corrupción. En este caso, ha sido condenado a tres años de prisión, de los cuales sólo tendrá que cumplir uno y podrá hacerlo desde su domicilio con un brazalete electrónico. La justicia francesa ha ratificado la pena impuesta en el año 2021 por tráfico de influencias en el conocido caso de las escuchas y por corrupción. La intención del francés es recurrir al Tribunal de Casación, ya que tiene cinco días para llevar a cabo el recurso.
Se va a convertir en el primer presidente condenado a una pena de prisión efectiva, y no podrá ir a las urnas a votar ni ser elegido como cargo público.
No entrará en prisión
La justicia ha confirmado la pena de tres años de prisión, pero el francés no irá a la cárcel. Dos años está exento, y el año que falta podrá cumplirlo desde su vivienda portando un brazalete electrónico. Su abogada, Jacqueline Laffont, ha querido manifestar su opinión comentando que "Nicolas Sarkozy es inocente (....) Esta decisión es asombrosa". También ha confirmado que acudirán al tribunal Supremo y recurrirán la decisión de la Corte de Casación. "Iremos hasta el final y el derecho triunfará" ha señalado la letrada.
Más de una trama judicial
El expresidente francés se enfrentará a tres casos abiertos más. La fiscalía financiera francesa ha pedido procesarle por una supuesta financiación ilegal durante la campaña de las elecciones de 2007, las cuales ganó y se convirtió en presidente. En el año 2021, la justicia también le condenó por tráfico de influencias y corrupción por el conocido "caso Bismuth", que se remonta a 2014 cuando ya no estaba en el cargo de la presidencia.
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En este último caso, existían pruebas de numerosas conversaciones grabadas entre Nicolas Sarkozy y su abogado, en las que se puede apreciar "un pacto de corrupción", con el que se pretendía sobornar al fiscal del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
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