Una niña de 10 años víctima de violación da a luz después de que el Tribunal Supremo indio le prohibiera abortar

La niña de 10 años violada a la que el Tribunal Supremo indio prohibió abortar hace tres semanas por considerarlo peligroso, ha dado a luz a una bebé de 2,2 kilogramos en un hospital del norte de la India y ambas se encuentran "bien".

"La cirugía estaba programada para hoy a las 9.00 (3.30 GMT) y la operación finalizó hacia las 10.45 (5.15 GMT). Por el momento ambos, tanto la bebé como la madre, se encuentran bien", dijo el doctor Dasari Harish, director del comité encargado de tratar a la niña en un hospital de la ciudad de Chandigarh. Según explicó el médico, la bebé, que con alrededor de 36 semanas pesó 2,2 kilogramos, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos para recién nacidos, pero insistió en que todo apunta a que evolucionará favorablemente y en que su estado de salud "es bueno".

El pasado 28 de julio el máximo órgano judicial prohibió abortar a la niña por considerar, tras consultar con un consejo médico, que el procedimiento era demasiado peligroso para la menor, que se encontraba entonces en la semana 32-33 de embarazo. La ley india establece que pasadas las 20 semanas de gestación la mujer no puede someterse a un aborto a no ser que el feto tenga alguna anomalía.

En mayo pasado, un tribunal indio permitió abortar en la vigésima semana de embarazo a otra niña de 10 años, que había sido presuntamente violada por su padrastro. Los jueces del Supremo a cargo del caso de la niña que dio a luz pidieron al fiscal general de la India, Ranjit Kumar, que estudiase la creación de consejos médicos dedicados exclusivamente a tomar decisiones de forma rápida sobre peticiones de aborto.

Los menores son a menudo víctimas de los casos de violación en la India, en cuya capital, Nueva Delhi, se registraron en 2015 al menos 2.095 denuncias, un récord que supone casi seis asaltos sexuales diarios. Organizaciones de derechos humanos advierten de que las cifras son mucho mayores, ya que gran parte de las víctimas deciden no denunciar por miedo al estigma social y a las represalias de familiares e incluso de la propia Policía.