Represión en Rusia
Una nueva ley rusa planea quitar la nacionalidad a quien critique la invasión de Ucrania
Las enmiendas propuestas a la ley de ciudadanía de Rusia permitirían despojar de la ciudadanía, cuando esta sea adquirida, a quien se considere culpable de "traición" por "desacreditar la operación militar especial en Ucrania", según han informado medios rusos.
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Poco después de enviar su ejército a Ucrania, hace ahora poco más de un año, Rusia introdujo numerosas leyes redactadas en tiempos de guerra para silenciar las voces disidentes tanto con las autoridades como con la propia operación militar. De esta manera, el régimen de Putin ha estado, desde entonces, extendiendo la censura entre sus ciudadanos.
Rusia ha llamado a su acción bélica en Ucrania una 'operación militar especial'. Por su parte, tanto Ucrania como sus aliados aseguran que este calificativo no es más que un eufemismo que lo que trata es de encubrir una agresión en toda regla, una invasión en busca de ampliar el territorio ruso a costa del ucraniano. Unas discrepancias que pueden expresarse desde fuera del territorio ruso, pero que han pasado a estar penadas dentro de las fronteras gobernadas por Moscú.
Condenas de hasta 15 años de prisión por "desacreditar" al ejército
Y es que ahora, con esta nueva ley del Gobierno ruso, "desacreditar" al ejército del país podría implicar hasta cinco años de cárcel, mientras que "difundir deliberadamente informaciones falsas sobre dicha 'operación especial' conlleva condenas de hasta quince años de prisión", según ha afirmado la agencia de noticias RIA Novosti.
Las enmiendas propuestas sobre la privación de la ciudadaníarusa a aquellas personas que están en posesión de la misma se relacionan con "traición, desacreditando la operación militar especial", ha citado la agencia RIA Novosti a Konstantin Zatulin, primer vicepresidente del comité parlamentario sobre asuntos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas
Las enmiendas en cuestión han sido presentadas al citado comité parlamentario, la llamada CEI, que fue formada en 1991 por Rusia y algunas de las antiguas repúblicas soviéticas. Esta organización internacional se encarga de regular las relaciones de cooperación entre la mayoría de países exsoviéticos. Su sede ejecutiva está en Minsk y está conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán -Ucrania y Georgia la abandonaron; Turkmenistán tiene estatus de miembro asociado; y las repúblicas bálticas de Estonia, Lituania y Letonia se opusieron en su momento a ingresar-.
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