El nuevo fiscal general de EEUU contradice a Trump y promete no investigar a Hillary Clinton

El senador Jeff Sessions, nominado por Donald Trump para ser su fiscal general, se comprometió a no investigar personalmente a la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton por el caso de sus correos electrónicos o por las polémicas donaciones a la Fundación Clinton. "Este país no castiga a sus enemigos políticos, este país se asegura de que nadie está por encima de la ley", dijo Sessions ante el Comité Judicial del Senado, donde los legisladores evalúan su candidatura para convertirse en titular de Justicia de EEUU en el nuevo Gobierno de Trump.

"No debe permitirse que una disputa política se convierta en una disputa penal", añadió el senador, de 70 años. De esta forma, Sessions aseguró que se inhibiría de cualquier investigación sobre las polémicas donaciones a la Fundación Clinton o los correos electrónicos de la exsecretaria de Estado, a quien Trump prometió que perseguiría judicialmente y metería en la cárcel una vez que fuese elegido presidente de EEUU.

El senador aseguró que se apartaría de "cualquier cuestión" que implicara a Hillary Clinton porque una investigación podría "poner su objetividad en cuestión" debido a los numerosos comentarios que pronunció contra la ex primera dama durante la carrera a la Casa Blanca. Durante la campaña electoral, Trump prometió que haría que su fiscal general designara a un fiscal especial para investigar a Clinton, a quien acusó de comprometer la seguridad del país por usar un servidor privado de correos para tratar asuntos oficiales siendo secretaria de Estado (2009-2013).

El millonario neoyorquino convirtió en un grito de guerra de sus seguidores la consigna "¡Encarcélala!". Trump y sus compañeros republicanos del Congreso también han acusado a Clinton de haber usado, como secretaria de Estado, la influencia que le confería ese cargo para obtener donaciones para la fundación Clinton y contratos para que su esposo, el expresidente Bill Clinton, diera discursos pagados.

Sessions también ha rechazado la idea de prohibir a los musulmanes entrar en Estados Unidos con el fin de evitar ataques terroristas dentro del país, una propuesta que igualmente lanzó Trump durante la campaña presidencial. "No apoyo la idea de que se les niegue la entrada al país a los musulmanes como grupo religioso", dijo Sessions. Ante las preguntas de los senadores, Sessions dijo estar en contra de la idea de Trump de implementar un "bloqueo completo y total" de la entrada de musulmanes a Estados Unidos.

Conocido por sus duras posturas en inmigración, a Sessions también le preguntaron sobre el programa de Acción Diferida (DACA), proclamado por el presidente Barack Obama en 2012 y que ha permitido frenar la deportación de más 750.000 jóvenes que llegaron a EEUU de niños y que son conocidos como "dreamers" (soñadores). El senador confirmó su oposición a la ley, a la que llamó "amnistía masiva" y dijo que apoyaría la decisión de Trump de acabar con el DACA, un programa que puede ser eliminado por el millonario por haber sido puesto en vigor por decreto por el actual presidente. "Es muy cuestionable, en mi opinión, constitucionalmente esa acción ejecutiva", dijo Sessions.

Frente a la falta de detalles, el senador demócrata Dick Durbin pidió a Sessions que aclarara cuál sería el futuro de los 750.000 jóvenes que gracias al DACA han conseguido frenar su deportación durante dos años y cuentan con un permiso de trabajo. Sessions no respondió a la pregunta y se limitó a decir que los inmigrantes con antecedentes penales serían los primeros en ser expulsados del país bajo el futuro Gobierno de Trump, una idea que el magnate ya delineó tras las elecciones presidenciales en una entrevista en el canal CBS. "Fundamentalmente, necesitamos arreglar este sistema de inmigración", subrayó Sessions, quien instó a sus compañeros del Legislativo a reconocer la "mala situación" y a trabajar junto al futuro poder Ejecutivo de Trump para resolver el problema migratorio del país.

En el Senado, Sessions se ha convertido en una de las voces más duras contra los proyectos legislativos que debatió el Congreso en 2007 y 2013 con el fin de abrir un camino a la ciudadanía para algunos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en el país.