La ONG Proactiva Open Arms se defiende de las acusaciones de inmigración ilegal: "Nuestra máxima prioridad es la defensa de los derechos humanos en el mar"

La ONG española Proactiva Open Arms ha confirmado que la fiscalía de Catania, en la isla italiana de Sicilia, ha realizado un secuestro judicial preventivo de su barco y que se les ha abierto una investigación por fomentar la inmigración ilegal tras lo ocurrido en su último rescate. El fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, ha abierto la investigación contra el comandante del barco, Mark Reig y la coordinador de la misión, Anabel Montes, al considerar que en el último rescate "han fomentado la inmigración ilegal y han violado los acuerdos internacionales", según los medios italianos.

El barco se encuentra atracado en el puerto siciliano de Pozzallo, donde llegó este domingo para hacer desembarcar a los 216 inmigrantes rescatados frente a las costas de Libia. Zuccaro es el mismo magistrado que el año pasado aseguró que algunas ONG estaban de acuerdo con los mismos traficantes y que incluso recibían financiación de ellos.

El fundador de la ONG Pro Activa Open Arms, Òscar Camps, ha asegurado que los argumentos de las acusaciones son una excusa con el objetivo de "bloquear la intervención de las organizaciones humanitarias" en el mar Mediterráneo. En rueda de prensa, Camps ha explicado que por primera vez la organización ha tenido que pedir ayuda al gobierno español para poder atracar en un puerto.

En concreto, el fundador de la ONG ha explicado que la organización contactó con el cónsul español en Sicilia y fue el gobierno español quien negoció con el ejecutivo italiano que la embarcación pudiera atracar en el puerto de Pozzallo. Según ha destacado Camps, "los tres miembros de la tripulación encausados se enfrentan a penas de entre 4 y 7 años de prisión", por lo que ha subrayado que ahora la prioridad es "luchar para que no sean detenidos".

La investigación se ha abierto después de lo sucedido este fin de semana cuando la ONG denunció que una embarcación de guardacostas libios se aproximó al barco y amenazó con abrir fuego si no les entregaba los inmigrantes que acababa de rescatar en alta mar. El incidente se produjo fuera de aguas territoriales libias, a unas 73 millas (unos 117 kilómetros) de la costa del país norteafricano, subrayó en Twitter el presidente de la organización humanitaria, Óscar Camps.

Por su parte, la Guardia Costera italiana explicó que la misión estaba siendo coordinada por los libios. Sin embargo, en un comunicado al que tuvo acceso Efe el sábado, la autoridad marítima libia acusó por su parte a la organización humanitaria española y a las demás que trabajan en el rescate de personas en Libia de interferir en las operaciones y de violar sus aguas territoriales, pese a que éstas operan más allá de las 25 millas correspondientes. El barco pidió después el permiso de atracar en un puerto italiano, pero no lo recibieron hasta el viernes por la noche.

Desde el consulado español en Roma y el cónsul en Catania, en Sicilia, se han puesto ya en contacto con el capitán del barco, informaron fuentes del Ministerio de Exterior italiano. Los tripulantes investigados cuentan ya con la asistencia de una abogada, Rosa Emanuela Lo Faro, que explicó a los medios italianos con ironía que el único delito cometido seria el de "la solidaridad" porque "nadie comete delito por socorrer a las personas".

La ONG se ha defendido de la acusación "de asociación criminal y de fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los libios al no entregarles mujeres y niños" en su cuenta de Instagram. "Nuestra máxima prioridad es y será siempre la protección y defensa de los derechos humanos en el mar", señala la organización.