Los diputados franceses aprobaron de manera prácticamente unánime prolongar tres meses la duración del estado de emergencia en el país y reforzar ese régimen de excepción, presentado por el Gobierno como indispensable para contrarrestar la actual amenaza terrorista. Menos de una semana después de los atentados de París en los que el pasado viernes murieron al menos 129 personas y resultaron heridas más de 300 en París, el respaldo político a esa ampliación se reflejó en 551 votos a favor, seis en contra y una abstención. Francia, según dijo al conocerse el resultado el primer ministro, Manuel Valls, envía a los terroristas el mensaje "muy claro" de que el país está "en pie", "los combatirá en esta guerra" y los destruirá.
El actual estado de emergencia, de doce días de duración, se decretó en un primer momento a las 23.00 GMT del viernes para el territorio metropolitano y Córcega, y el martes, se amplió a los territorios franceses de ultramar por coherencia con el resto del dispositivo. Lo aprobado lo prolonga durante tres meses a partir del próximo 26 de noviembre, fecha en la que expira el decreto del día 14, un periodo que la derecha querría haber alargado a medio año, al apuntar que "se queda corto", y que algunos ecologistas preferían haber limitado a dos meses.
En la discusión que precedió a su ampliación, de dos horas y media, oradores de todos los grupos, incluido el comunista, se mostraron pese a todo conformes con la modificación de una ley vigente desde 1955. "Los franceses están preparados, creo, para una restricción de las libertades relativa, enmarcada, controlada y limitada en el tiempo. Esperan que se ponga todo en marcha para erradicar esa amenaza", afirmó el presidente del grupo socialista en el hemiciclo, Bruno Le Roux.
Ocho de cada diez franceses, según un sondeo efectuado el lunes, aseguran estar dispuestos a que haya más controles y una cierta limitación de sus libertades a cambio de un incremento de la seguridad. Sin la intención de ser alarmista y "con todas las precauciones que se imponen", Valls advirtió de que incluso no se pueden descartar que el país sufra atentados terroristas con "armas químicas y bacteriológicas".
El texto aprobado, que recibió el voto en contra de tres socialistas y de tres ecologistas, además de una abstención socialista, amplía la asignación del régimen de residencia vigilada a personas cuyo comportamiento, compañías o declaraciones se presenten como una amenaza para la seguridad u orden público. Algunos de esos individuos podrían ser obligados a llevar un brazalete electrónico, según una reforma que valida también el eventual bloqueo de páginas web y redes sociales que hagan apología del terrorismo. El texto, que este viernes será sometido a la votación del Senado, donde no se prevén obstáculos a su luz verde, posibilita igualmente la disolución de organizaciones vinculadas con personas a las que se les haya asignado ese tipo de arresto domiciliario.
Este proyecto constituye una primera etapa hacia una reforma constitucional que derive a corto plazo en la instauración de un "régimen civil de crisis" que permita la adopción de medidas excepcionales. Diputados como el socialista Jean-Jacques Urvoas, relator de la ley, destacaron que, aunque "se sale radicalmente de lo normal", no pretende ceder "a la tentación de lo arbitrario" que pudo prevalecer en Estados Unidos tras los atentados del 11-S con la Patriot Act, de la que todavía se mantienen algunas disposiciones. Pero ese respaldo masivo no ha sido capaz de apagar algunas dudas. "Avanzamos por una cuerda floja" entre seguridad y libertades, señaló la ecologista Cécile Duflot, mientras que el izquierdista André Chassaigne vio "preocupantes" algunas de sus evoluciones.
