Pena de muerte
Las ejecuciones en el mundo alcanzan su cifra más alta desde 2015
La aplicación de este castigo suele ocurrir tras procesos sin garantías mínimas, con confesiones arrancadas, bajo tortura y sin derecho a defensa.
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Al menos 1.518 personas fueron ejecutadas en 2024 en 15 países, según recoge el informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena capital. El número más alto en la última década desde 2015 y un alarmante repunte del 32% respecto al año anterior.
El dato, sin embargo, es incompleto. China, Corea del Norte y Vietnam no figuran en el balance. Y no porque no ejecuten, al contrario, sino porque mantienen sus cifras como secreto de Estado.
"Siempre señalamos que nuestras cifras son a la baja, lamentablemente, porque no contamos con las ejecuciones de China, Corea del Norte o Vietnam", explica Beatriz Martos, responsable del programa contra la pena de muerte en Amnistía Internacional España. "En estos tres países la pena de muerte es considerada como un secreto de Estado y, por tanto, no tenemos acceso a información oficial".
Desigualdad y silencio
En muchos contextos, la pena de muerte no es una herramienta jurídica, sino un instrumento de poder y represión. Así lo denuncia Martos, que advierte que esta medida se usa para castigar a disidentes políticos, minorías étnicas y defensores de derechos humanos.
"Es una herramienta que se usa para criminalizar, castigar y hostigar a defensores de derechos humanos, a disidentes y a opositores políticos. También para castigar a minorías étnicas y religiosas", señala Martos.
La aplicación de este castigo suele ocurrir tras procesos sin garantías mínimas, con confesiones arrancadas bajo tortura y sin derecho a defensa. "La pena de muerte no es una forma ni legítima ni útil para combatir el terrorismo, el microtráfico o la comisión de delitos. Está demostrado que no lo es", añade. "Los Estados no pueden cometer la violación del derecho a la vida, que es el derecho más fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
Irán, Arabia Saudí e Irak: los grandes verdugos del planeta
Más del 90% de las ejecuciones registradas por AI en 2024 se concentraron en tres países: Irán (972 ejecuciones), Arabia Saudí (345) e Irak (63). En el caso iraní, se trata también del país que más mujeres ajustició: al menos 30, muchas de ellas por ayudar a minorías o criticar al régimen. "El número de mujeres condenadas a muerte en Irán ha aumentado muchísimo desde las manifestaciones de Mujer, Vida, Libertad", destaca Martos.
Desde Amnistía también se denuncia el uso sistemático de la pena capital por delitos relacionados con drogas, una práctica prohibida por el derecho internacional.
"Más del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo ilegalmente dado que fueron por delitos relacionados con drogas", advierte Agnès Callamard, secretaria general de AI. "Quienes se atreven a desafiar a las autoridades se enfrentaron a los castigos más crueles, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se utiliza para silenciar a los que tienen la valentía de alzar la voz".
El castigo recae siempre sobre los más vulnerables
En países como Arabia Saudí, Irán o Singapur, las ejecuciones por microtráfico afectan de forma desproporcionada a las capas más desfavorecidas de la población, personas con pocos recursos, sin defensa legal y atrapadas en la supervivencia cotidiana.
"Estas ejecuciones castigan y repercuten de manera mucho más fuerte a los grupos más desfavorecidos socioeconómicamente, que muchas veces recurren al menudeo o al microtráfico para poder sobrevivir y mantener a sus familias", lamenta Martos.
No todo son malas noticias
No todo son malas noticias. Amnistía destaca que 113 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 145 la han eliminado por completo o no la aplican en la práctica. No obstante, 55 países aún la mantienen vigente y algunos han vuelto a activarla tras años, como Omán, que en 2024 llevó a cabo sus primeras ejecuciones desde 2021.
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