A pesar de las críticas de la comunidad internacional, la purga en Turquía no se detiene

La purga del Gobierno turco contra supuestos implicados en el fallido golpe militar del 15 de julio ha despertado preocupación y críticas por parte de la comunidad internacional, que ve en riesgo la democracia del país eurasiático, sin que Ankara reaccione de momento a las advertencias del exterior.

La ONG Human Rights Watch (HRW) calificó de "arbitrario", "discriminatorio" e "injustificado" el primer decreto del gobierno turco al amparo del estado de emergencia impuesto en Turquía el pasado día 20. Recordó que esa disposición permite despedir a jueces, fiscales y otros funcionarios sin posibilidad de recurso legal y que amplía los poderes de la policía para retener a los sospechosos hasta 30 días sin presentar cargos contra ellos, una medida que, según HRW, "no está justificada ni bajo el estado de emergencia".

Este domingo, Amnistía Internacional (AI) denunció prácticas sistemáticas de maltrato, citando "testimonios creíbles" de que muchos detenidos están siendo sometidos a torturas, incluida la violación.

Turquía ha suspendido la Convención Europea de Derechos Humanos mientras dure el estado de emergencia, inicialmente proclamado para tres meses. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, insiste en su disposición a restablecer la pena de muerte, abolida en 2004, si el parlamento se pronuncia en ese sentido. El jefe de Estado justificó esa postura al afirmar a la televisión alemana ARD que eso es lo que quiere "el pueblo" turco, si bien para ello debería modificarse la Constitución, un paso para el que no parece haber mayoría en el Parlamento.

Las reacciones, que van desde la ONU hasta la Unión Europea (UE), pasando por gobernantes de varios países y ONG, tienen un denominador común. Rechazan categóricamente el intento de golpe, manifiestan su solidaridad con el gobierno elegido democráticamente, al que felicitan por atajar la asonada, pero advierten al unísono de los riesgos para la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Ya el 21 de julio, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a las autoridades turcas que protejan el Estado de derecho y solicitó que no se restablezca la pena capital. "Instamos a las autoridades turcas a respetar bajo cualquier circunstancia el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho de todas las personas afectadas a un juicio justo", dijeron el mismo día la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, y el comisario de Vecindad y Negociaciones para la Ampliación, Johannes Hahn.

Advirtieron de que restablecer la pena capital supondría la suspensión inmediata de las negociaciones en curso para la adhesión de Turquía en la UE. Estados Unidos había urgido ya días antes a Turquía a actuar con "contención" y a respetar los procesos democráticos, mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordó que el país eurasiático, como miembro de la Alianza Atlántica, debe respetar "valores" comunes, incluido el Estado de derecho.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) pidió además que Turquía, uno de los 57 miembros de este club, garantice la seguridad de los periodistas en el país. Pero más de diez días después de la intentona golpista, no hay señales de que el Ejecutivo o el presidente vayan a reaccionar a esas advertencias, según lo observado por AI y HRW.

El Gobierno alemán advirtió la semana pasada de que las medidas adoptadas por Turquía contradicen los procedimientos del Estado de derecho, por lo que considera inimaginable la apertura de un nuevo capítulo de las negociaciones con Ankara para su ingreso en la UE. Fue tajante el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al asegurar que Turquía "no está en situación de acceder ni a corto plazo ni en un periodo más largo" a la UE.

No obstante, el Gobierno turco dejó claro que prefiere un "apoyo incondicional" como el que mostró Rusia, según declaró el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, a la emisora Habertürk TV. "Es una postura que deberían también mostrar los demás países amigos", subrayó.

El primer ministro, Binali Yildirim, agradeció las declaraciones de líderes europeos pero criticó que añadiesen un "pero...", pidiendo respetar los derechos de los detenidos. "¿Quieren ustedes que relajemos la lucha contra el terror? No. Todos los que esperaban algún beneficio del golpe serán castigados severamente", anunció el jefe del Gobierno.

Desde el 15 de julio han sido detenidas en relación al golpe al menos 13.165 personas, entre ellas 8.838 soldados, además de 2.101 jueces y fiscales y 1.485 policías, y se ha emitido orden de arresto contra 42 periodistas.

Hasta el momento han sido destituidos unos 50.000 empleados, tanto públicos como privados, la mayoría vinculados con la educación. A todos ellos el Gobierno turco les relaciona con la cofradía del predicador islamista Fethullah Güllen, al que las autoridades consideran como el cabecilla y principal instigador del intento de golpe de Estado.