La asociación "21 de Julio", defensora de los derechos de los gitanos, sostuvo que los desalojos, que consideran ilegales, de los campos de comunidades gitanas comenzaron a aumentar el mismo día que el papa Francisco anunció el Año Santo Extraordinario, el 13 de marzo.
El presidente de la organización, Carlo Stasolla, asegura que "desde el mismo día del anuncio del Jubileo, los desalojos se dispararon y hubo diecisiete en menos de un mes y medio" y que son ilegales porque se dan sin "cobertura legal ni notificación previa".
Explicó que 2015 siguió la misma tendencia que 2014 en el número de desalojos, con seis hasta la convocatoria del Año Santo y, a partir de entonces, se duplicaron.Según la asociación, tras la convocatoria del Jubileo dedicado a la misericordia, el Ayuntamiento ordenó 17 desalojos que afectaron a 324 gitanos, números que el año anterior alcanzaban la mitad. "Tememos que sea mayor", alertó Stasolla, que se dijo contento por la celebración del evento religioso y defendió que los desalojos "no los hace el Vaticano, sino el Ayuntamiento de Roma".
"Estoy convencido de que el papa Francisco no sabe esto y, si lo supiera, seguro que estaría en contra de esta instrumentalización del Jubileo", sentenció. Stasolla sostuvo que ocasiones como la celebración de un Año Santo Extraordinario y eventos como la Expo de Milán son "perfectas para que los ayuntamientos eliminen lo que no es bonito a los ojos de los turistas". Una "estrategia electoral" que definió como "mera propaganda política" del Ayuntamiento de la capital que, sin embargo, se asemeja a "esconder el polvo debajo de la alfombra" -por no eliminar el problema- y cuyos fondos podrían "invertirse en cooperación".
En el lado opuesto, fuentes de la Consejería de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roma rechazaron, en declaraciones a Efe, que se trate de una estrategia electoral para limpiar la imagen de la ciudad a los ojos de los turistas. "Rechazamos de manera taxativa que los desalojos sean por el Jubileo" y añadieron que las acciones se deben al intento de "superar la lógica de los asentamientos, que son guetos".
Además, incidieron en que "los campos de gitanos están en las afueras de la ciudad, donde no irían los turistas". Para el Ayuntamiento, se trata de un problema en el que se juntan "la extrema pobreza, la criminalidad y la inmigración ilegal", tres componentes que forman una "mezcla explosiva". Las fuentes de Servicios Sociales del Ayuntamiento aseguraron que "en los poblados hay colosos económicos junto con vagabundos y mendigos".
Así, aseguraron que en los poblados "existe un problema de drogas" y añadieron que en estos desalojos han encontrado "personas que tienen 600.000 euros en sus cuentas bancarias o en patrimonio inmobiliario".
Aclararon que en la ciudad hay "asentamientos que son legales y otros que son no reconocidos" y defendieron que "en general, las intervenciones están acordadas y anunciadas por la Administración".Además, dijeron que "si hay personas en situación de vulnerabilidad, como niños o mujeres embarazadas, se les ofrece acogida a ellos, pero normalmente dicen que no para preservar la unidad familiar".