El rechazo a la independencia de Escocia en el referéndum abre un nuevo capítulo en el que el arco político británico comenzará de inmediato a negociar con Edimburgo un traspaso de competencias "sin precedentes", que permitirá al Gobierno escocés asumir poderes notablemente superiores a los esperados al inicio de la campaña del plebiscito hace casi dos años.
El interlocutor de referencia ya no será el ministro principal, Alex Salmond, quien ha anunciado su decisión de dimitir en el congreso anual del Partido Nacional Escocés (SNP) que se celebra en noviembre.
"Este es un proceso que no es sobre mí, es mucho más importante que eso". "Como líder mi tiempo está casi acabado, pero para Escocia la campaña continúa y el sueño nunca debería de morir", ha añadido Salmond, cuya campaña de ilusión logró disparar el respaldo a la independencia a niveles históricos.
El auge del 'sí' registrado en las encuestas en las semanas previas al referéndum llevó a Better Together (Mejor Juntos) a ampliar notablemente su oferta de aumento del techo soberanista y, sobre todo, a articular un calendario de trabajo que debería garantizar que una de las primeras leyes aprobadas la próxima legislatura, a partir de mayo, sea este paquete histórico de transferencias que incluiría desde una mayor capacidad en la gestión tributaria, a un mejorado control sobre gasto y decisiones en materia de Bienestar.
El responsable de plantear el calendario de trabajo fue el ex primer ministro laborista Gordon Brown, quien a medida que se acercaba el 18 de septiembre había adquirido un protagonismo crucial en el debate.
El plan es comenzar de inmediato los análisis para estudiar qué competencias son susceptibles de ser devueltas en función de las aspiraciones soberanistas del Partido Nacional Escocés (SNP) y el acuerdo que tienen todavía por alcanzar los partidos británicos.
Las propuestas no han sido consensuadas en Londres todavía y es difícil prever que el SNP, que pese a la derrota ha ganado margen de maniobra, ya que los nacionalistas son conscientes de que sus interlocutores estarán obligados a admitir medidas de calado.
De lo contrario, su entregada implicación en la campaña del referéndum amenazaría su credibilidad a pocos meses de las generales.
Esta misma jornada, el primer ministro británico, David Cameron, quiso demostrar que su Ejecutivo tomaba la iniciativa para este nuevo capítulo y ha anunciado que el responsable de la organización de los Juegos de la Commonwealth, el lord Robert Smith, será el encargado de supervisar este proceso.
Uno de los condicionantes para las negociaciones es que los tres partidos británicos todavía no han logrado la unanimidad necesaria para presentar un frente común ante el SNP.
De momento, conservadores y liberaldemócratas están de acuerdo en ceder la práctica totalidad del control sobre el IRPF, incluyendo los tramos, si bien Londres dictaría el umbral a partir del que abonar impuestos.
Los laboristas, sin embargo, prefieren no llegar tan lejos y ofrecen aumentar la capacidad de incrementar los niveles de IRPF en un 15%. En materia de prestaciones, plantean devolver las referidas a vivienda, así como los pagos por discapacidad a mayores de 65 años y el denominado Programa de Trabajo.
Los conservadores serían favorables a las dos primeras, pero sus socios de Gobierno prefieren que continúen en Wesminster.
Además, la maquinaria de Westminster se ha ofrecido a mantener el modelo de financiación que en la actualidad garantiza un gasto por habitante de 1.600 libras superior en Escocia que en el resto de territorio.
Este blindaje ha sido uno de los catalizadores que ha obligado a Cameron a mover ficha para contrarrestar los efectos sobre otros territorios.
