Portugal requiere prueba PCR negativa a los españoles que crucen la frontera

Portugal lucha por controlar el preocupante aumento de los contagios de Covid-19. Portugal, que depende del turismo, ha impuesto reglas más estrictas desde el pasado jueves, que requieren que los turistas muestren una prueba negativa PCR, un certificado de vacunación o un comprobante de recuperación para alojarse en hoteles. El gobierno luso exige también una PCR negativa a los españoles que crucen la frontera.

PCR negativa para entrar en Portugal

Los nuevos contagios diarios por coronavirus de Portugal han aumentado de manera constante en las últimas semanas, volviendo a los niveles vistos por última vez en febrero, cuando el país estaba bajo un estricto bloqueo.

Casi el 90% de los casos de coronavirus son de la variante delta más infecciosa y, a medida que se propaga rápidamente, el país se encuentra en una situación más complicada. Por eso, entre las medidas para controlar los casos, Portugal ha decretado que cualquier persona que quiera cruzar su frontera debe presentar un test diagnóstico PCR.

Esta nueva medida que se en marca en la estrategia de Portugal para controlar la subida de contagios de coronavirus, impacta sobre todo en los pueblos fronterizos. Esto no supone de facto restricción alguna para los viajeros por carretera, aunque si quieren dormir o comer en Portugal deberán llevar encima el certificado COVID-19 digital de la UE.

Los turistas y clientes de restaurantes deben utilizar el certificado COVID que demuestre la vacunación contra el coronavirus o un documento que pruebe que se han hecho una prueba PCR en las últimas horas. También se requerirán pruebas negativas para comer en el interior de los restaurantes de 60 municipios de alto riesgo, incluidos Lisboa y la ciudad de Oporto, los viernes por la noche y los fines de semana.

Los hoteles pueden proporcionar pruebas rápidas de coronavirus al momento del check-in. Las nuevas reglas han entrado en vigor este pasado sábado. Los niños menores de 12 años acompañados por un padre o tutor están exentos. Los clientes y empresas que infrinjan las normas corren el riesgo de ser multados con hasta 10.000 euros.

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