Italia
Protestas en Italia por la entrada en vigor del 'green pass' contra la COVID-19
Italia es el primer país europeo en imponer esta restricción a los trabajadores del sector público y privado.
Publicidad
Roma, Milán, Génova o Trieste han vivido este viernes intensas jornadas de protestas por la entrada en vigor del 'green pass' contra la COVID-19. "Libertad", "No al estado de emergencia" y "La lucha dura hasta el final", son algunas de las consignas que se han escuchado por parte de los manifestantes.
Pase sanitario obligatorio
En agosto, el Gobierno italiano confirmó que haría extensiva la obligatoriedad del certificado sanitario a los trabajadores del sector público y privado para facilitar los viajes entre los países de la Unión Europea y contener la expansión del coronavirus.
Asimismo, el Ejecutivo advirtió que inspectores de trabajo y autoridades sanitarias se encargarían de controlar que las empresas exigieran el documento, con sanciones de entre 600 y 1.500 euros para aquellos que no cumplieran la medida.
Por otro lado, también estableció que si un empleado se presentaba a trabajar sin el certificado covid, "debía ser alejado de su puesto" y se consideraría "ausente injustificado, sin derecho a salario, hasta la presentación del green pass".
No obstante, quien no pueda mostrar este documento, tendrá la posibilidad de presentar una PCR negativa cada 2 días.
Protestas de los grupos antivacunas
Italia se convierte así en el primer país europeo que impone esta restricción. Pero la decisión, no ha estado exenta de polémica. El pasado fin de semana, los grupos antivacunas salieron a la calle e incluso asaltaron la sede de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).
Hoy, esa misma imagen se han vuelto a repetir. Los manifestantes aseguran que los derechos de los trabajadores están siendo atacados por una medida que, aseguran, es anticonstitucional.
Más del 10% sin vacunar
Actualmente, más del 80 % de los italianos cuentan con la pauta completa, pero cerca del 10 % aún no han recibido ninguna dosis. Por esta razón, muchas asociaciones habían solicitado a las autoridades italianas retrasar la entrada en vigor hasta el día 30.
Publicidad
