El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha llegado ya a Londres desde Nueva York, donde ha participado en la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, para retomar las gestiones del Brexit en un escenario aún más convulso tras el varapalo judicial que ha permitido la reapertura del Parlamento.
Johnson ha vivido una de las jornadas más duras desde que asumió el cargo por el fallo del Tribunal Supremo que declara "ilegal" la suspensión del Parlamento ordenada por el Gobierno, que excedía con mucho el receso habitual entre sesiones. Los magistrados concluyeron que la suspensión de cinco semanas, que comenzó el 10 de septiembre y se pretendía estirar hasta el 14 de octubre, tenía como objetivo "frustrar o impedir que el Parlamento desarrolle sus funciones constitucionales" en el marco de la crisis del Brexit. Johnson expresó su respeto a la decisión judicial pero se mostró en desacuerdo y avanzó que no dimitirá, tal y como reclaman desde el Partido Laborista, si bien ha abogado por celebrar elecciones anticipadas. Tras conocer el fallo del Supremo y desde Nueva York, habló por teléfono con la reina Isabel II, según confirmó a la prensa británica un portavoz de Downing Street que rehusó dar detalles de la conversación. También dirigió una reunión de Gobierno por videoconferencia.
Poco después de su llegada reanudaba sus sesiones el parlamento. El presidente de la cámara baja, John Bercow, señaló que, para reflejar el fallo judicial, en el boletín parlamentario constará que las sesiones fueron "aplazadas" desde el 10 septiembre hasta ahora y no suspendidas. Al inicio de la sesión compareció Geoffrey Cox que, ante las peticiones de los diputados, indicó que "sopesará" hacer público el asesoramiento legal que dio a Johnson antes de que este pidiera a la reina Isabel II que sancionara la suspensión. El abogado del Estado mantuvo que el ejecutivo "respeta" el dictamen del Supremo -la máxima instancia judicial del Reino Unido-, aunque el primer ministro insiste en que "no está de acuerdo".
El cierre de Westminster se enmarca en la crisis política y casi constitucional abierta en Reino Unido por la incapacidad de Parlamento y Gobierno para ponerse de acuerdo en torno al Brexit. Johnson ha prometido que el 31 de octubre Reino Unido abandonará al UE con o sin acuerdo, mientras que sus señorías tratan de impedir por todos los medios un divorcio caótico.
