La UE rebaja las prisas del gobierno español con el catalán

No es muy común ver en Bruselas a un finlandés hablando catalán ante las cámaras, pero Anders Adlercreutz, ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, lo ha intentado, haciendo enormes esfuerzos para conseguir su mejor acento y así suavizar el tono de la posición dura que hoy ha marcado su gobierno.

El ministro ha asegurado que “es un gran amigo de las lenguas de España y de la cultura catalana”, que “todos debemos defender la diversidad lingüística de la UE” pero que “también hay que conocer las consecuencias de nuestras decisiones”. Una elegante forma de expresar las dudas que tiene su país para dar un paso de tanto calado, y dejando claro que los países han decidido aplazar sin fecha el tema hasta próximas reuniones.

El gobierno español prefiere quedarse con la parte positiva, es decir, no ha habido ningún veto rotundo y el tema seguirá vivo (aunque sea en un cajón). Con este planteamiento, el Gobierno trata de mostrar que ha hecho lo imposible para cumplir la exigencia de Carles Puigdemont, a cambio de sus votos para la investidura.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reconoce que algunos estados han pedido más tiempo para analizar el tema: “Hemos acordado seguir trabajando para dar respuesta a las dudas de algunos países”. Y, ante los recelos sobre el coste de la medida, asegura que “el gobierno español ha manifestado su compromiso de asumir los gastos derivados de la propuesta”.

Recelos en muchas capitales

El plan diseñado por el ministerio de Exteriores pretendía oficializar en la UE los tres idiomas (catalán, euskera y gallego) en una única reunión en Bruselas, sin casi debate previo en grupos de trabajo, una propuesta sin precedentes en la Unión. España, lógicamente, se ha enfrentado a posturas contrarias desde algunas delegaciones, que han pedido un informe de los servicios jurídicos del Consejo para evaluar las consecuencias que tendría la medida.

Uno de los países más duros ha sido Suecia, su ministra Jessika Roswall, admitía que “necesitamos más análisis desde el punto de vista legal y económico. Saber qué implicaciones tendrá porque hay muchas lenguas minoritarias dentro de la UE que no son oficiales”. Su colega croata, Andreja Metelko, afirmaba que “quieren tener más detalles sobre la situación a nivel nacional de estos tres idiomas dentro de España”. Y el titular de asuntos europeos de la República Checa, Martin Dvorak, reconocía que “es una propuesta sin precedentes, así que necesitamos estudiarla en profundidad, en lo que afecta al dinero y al presupuesto comunitario”.

El Gobierno prioriza el catalán

Dentro de la sala, algunos países han planteado que incluir tres lenguas de una sola vez sería mucho más difícil, así que el gobierno español ha decidido priorizar el catalán sobre las otras dos lenguas candidatas, gallego y euskera.

Lo más llamativo es la explicación que ha dado el ministro Albares a los periodistas a la salida de la reunión para justificarlo. Asegura que se ha hecho porque “los representantes de este idioma lo han planteado con más insistencia, y además lo hablan más de 10 millones de personas”.

Todavía se desconoce qué puede significar exactamente que el catalán sea el primero en su despliegue como lengua oficial, pero es una decisión delicada y arriesgada, porque discrimina a las otras dos. Un movimiento más que evidencia la prisa del gobierno para conseguir los siete votos de Carles Puigdemont para la investidura.

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